A un año de derrames en NL, persisten dudas sobre sanciones y riesgos ambientales

A casi un año de los derrames provocados por las empresas Ternium y Pyosa en Nuevo León, aún prevalece la incertidumbre sobre las sanciones aplicadas y las acciones implementadas para evitar nuevos incidentes. Ambos casos, que generaron afectaciones significativas en el entorno de la zona metropolitana de Monterrey, siguen sin resolverse con claridad en términos de responsabilidades y medidas preventivas.

Especialistas en materia ambiental advierten que, pese a la magnitud de los daños ocasionados, no se han establecido protocolos estrictos de supervisión para industrias que manejan sustancias tóxicas, lo que mantiene vigente el riesgo de que se repitan este tipo de eventos. La falta de vigilancia y seguimiento ha sido señalada como uno de los principales problemas tras los incidentes registrados en 2025.

Los derrames ocurrieron el 17 de abril y el 13 de mayo de ese año, cuando se vertieron cientos de miles de litros de sustancias químicas en los arroyos La Talaverna y Topo Chico. Estos contaminantes recorrieron varios kilómetros, causando la muerte de flora y fauna, además de daños visibles en los ecosistemas, como cambios en la coloración del agua y afectaciones en la vegetación.

En el caso de Ternium, se anunciaron sanciones por un total de 86.6 millones de pesos; sin embargo, hasta el momento no existe confirmación pública de que dichas multas hayan sido aplicadas, debido a conflictos de competencia entre autoridades. Por otro lado, en el caso de Pyosa, únicamente se informó sobre una clausura temporal tras el incidente, sin que se hayan dado a conocer sanciones económicas ni detalles sobre la sustancia derramada.

Activistas han señalado la falta de seguimiento por parte de las autoridades, así como el hermetismo de las empresas involucradas, lo que ha limitado el acceso a información sobre los daños y las medidas correctivas. Ante este panorama, ciudadanos y especialistas han exigido mayor supervisión a las industrias, transparencia en los procesos legales, protocolos claros de prevención y, en algunos casos, la reubicación de empresas consideradas de alto riesgo.