Abandono de obras y denuncias por fraude golpean a Proyectos 9 en Nuevo León

Los desarrollos inmobiliarios de lujo impulsados por la empresa Proyectos 9 atraviesan una crisis marcada por obras detenidas, abandono visible y un creciente número de denuncias penales por presunto fraude contra su propietario, José Lobatón. Se trata de un portafolio de nueve proyectos cuyo valor conjunto superaría los 5,000 millones de pesos, pero que actualmente permanecen sin avances, generando incertidumbre entre inversionistas que confiaron importantes cantidades de dinero.

Hasta finales de 2025, varios de estos desarrollos aún registraban actividad en la construcción de torres habitacionales en distintos puntos de Monterrey; sin embargo, en la actualidad el panorama es distinto, con obras paralizadas y sin presencia de trabajadores. En proyectos como Lalo y Lola, ubicados sobre avenida Morones Prieto, y Moka, en la avenida Ocampo, las recientes lluvias han evidenciado el deterioro al formar acumulaciones de agua en zonas de cimentación, reflejando el abandono en el que se encuentran.

El freno en las construcciones se suma a la preocupación de los inversionistas, quienes no han recibido información clara sobre el destino de sus recursos ni sobre la posible reactivación de los proyectos. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, hasta ahora se han presentado cerca de 60 denuncias que en conjunto reclaman más de 100 millones de pesos, mientras que grupos de afectados estiman que el monto total podría alcanzar los 8,000 millones, con alrededor de 600 personas perjudicadas.

Las autoridades han integrado 34 carpetas de investigación, de las cuales 10 ya están listas para judicializarse. La primera audiencia está programada para el 5 de mayo, fecha en la que se definirá si se procede penalmente contra el empresario señalado. A la par, testimonios como el de Lilia Leal, vocera de un grupo de afectados, reflejan la magnitud del problema, al señalar inversiones millonarias sin retorno, incluyendo casos que alcanzan hasta 40 millones de pesos.

Por su parte, la empresa ha argumentado que los retrasos responden a factores externos, como la supuesta lentitud en la liberación de permisos durante la administración municipal anterior, así como los efectos acumulados de la pandemia, el incremento en los costos de materiales, las tasas de interés y la crisis hídrica que impactó al estado en años recientes. Según su postura, esta combinación de elementos provocó una presión financiera que terminó por frenar las obras y afectar la relación con inversionistas y entidades bancarias.