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Abren nueva investigación contra Los Alegres del Barranco; les congelan 5.8 millones de pesos

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Nacional
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Abren nueva investigación contra Los Alegres del Barranco; les congelan 5.8 millones de pesos

GUADALAJARA, Jal. La Fiscalía del Estado de Jalisco inició una nueva carpeta de investigación contra la agrupación musical Los Alegres del Barranco, acusándolos de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, informó el vicefiscal ejecutivo en Investigación Criminal, Alfonso Gutiérrez Santillán. 


Según el funcionario, las acciones legales se derivan del análisis de las ganancias obtenidas en el concierto realizado el pasado 29 de marzo en Zapopan, donde el grupo reportó ingresos por 5 millones 878,179.93 pesos, se inmovilizó la cuenta bancaria mientras se determina si el dinero provino de actividades ilícitas relacionadas con la apología del delito. 


“Se está abriendo otra línea de investigación en relación a este grupo musical y se abrió una carpeta de investigación en contra de ellos por operaciones con recursos de procedencia ilícita,” declaró Gutiérrez Santillán. “Incluso, la ganancia que obtuvieron del concierto en Zapopan ha sido asegurada y se está indagando si ese dinero fue obtenido de manera ilícita por las actividades de apología del delito que están llevando a cabo", agregó. 


El funcionario señaló que medidas similares se aplicarán a otros conciertos ofrecidos por el grupo de música sinaloense en diferentes municipios de Jalisco, como: Cihuatlán, Villa Purificación y Tequila. “Estas investigaciones se derivarán a las áreas correspondientes, y se continuará con el mismo procedimiento que en Zapopan”, incluyendo la judicialización de los casos cuando sea necesario y el aseguramiento de los recursos económicos. 


Gutiérrez Santillán explicó que, además, se ha dado vista a la Unidad de Extinción de Dominio local para que, en caso procedente, se realicen las acciones legales para la confiscación definitiva de los recursos obtenidos de manera ilícita.  


En relación a la nueva línea de investigación, refirió que se basa en el artículo 310 del Código Penal del Estado de Jalisco, el vicefiscal explicó: “Nos estamos basando en lo que determina este artículo, donde se establece una pena de 5 a 15 años de prisión a quien se beneficie de actividades ilícitas.”  


“Consideramos que este grupo musical, en realidad, está lucrando mediante actividades ilícitas, como la apología del delito, en las cuales ya están vinculados,” dijo. “El recurso obtenido probablemente sea de procedencia ilícita, por lo que se requiere investigar a fondo esta situación para proceder legalmente contra estas personas", añadió.  


Gutiérrez Santillán advirtió que, en caso de comprobarse la ilicitud del dinero, esto podría afectar en su momento la libertad de los integrantes del grupo, considerando que la pena prevista para estos delitos oscila entre cinco y quince años de prisión. Sin embargo, aclaró que cada caso deberá analizarse cuidadosamente, respetando los procedimientos legales correspondientes.

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Mendieta señaló que existen violaciones de fondo en la resolución emitida por la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega, por lo que la defensa buscará combatir tanto la vinculación como la medida cautelar impuesta a su cliente. Para presentar el recurso cuentan con un plazo de 15 días hábiles, mientras que el abogado también cuestionó la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, al considerarla inconvencional y señalar que ha sido objeto de cuestionamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.


La jueza vinculó a Farías Laguna por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos, en la modalidad de ocultamiento. Durante la audiencia, explicó la existencia de un entramado relacionado con el contrabando de combustible en el que presuntamente participarían distintas áreas y actores, entre ellos secretarías de Estado, Pemex, empresarios, agentes aduanales, permisionarios de muelles y civiles.


Sin embargo, la defensa rechaza que la dirección de esa estructura pueda ser atribuida a Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna, ambos integrantes de la Marina. Mendieta cuestionó que, de acuerdo con el planteamiento de la Fiscalía General de la República, dos marinos de mando medio pudieran tener capacidad para decidir sobre operaciones que involucran a distintas secretarías y dependencias. El abogado sostuvo que sus clientes no tenían posibilidad de controlar actividades relacionadas con aduanas, Marina, Defensa, Guardia Nacional, Energía y otras instituciones responsables de supervisar y autorizar la importación de productos.


La causa penal 325/2025 inició con la audiencia inicial el viernes 21 de agosto y concluyó el jueves 27, luego de que la defensa solicitara la duplicidad del plazo constitucional. La diligencia del miércoles se extendió durante aproximadamente nueve horas antes de entrar en receso y se reanudó el jueves para conocer la resolución sobre la situación jurídica de Farías Laguna, quien también intervino durante la sesión. La audiencia se realizó a puerta cerrada y por videoconferencia, sin acceso para público ni medios de comunicación, debido a que la FGR argumentó razones relacionadas con la seguridad nacional. Previamente, el 22 de agosto, un juez había calificado como legal su detención y le había impuesto prisión preventiva provisional.



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Del total de cuentas inmovilizadas, 7 mil 861 están relacionadas con integrantes de organizaciones criminales con mayor presencia e incidencia en el país, lo que representa el 31.9 por ciento del total. El titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, explicó que la dependencia analiza operaciones financieras, identifica personas y estructuras consideradas de riesgo y, cuando existen elementos suficientes, procede con su incorporación a la lista para impedir que puedan mover los recursos.


Los bloqueos se han realizado en distintas entidades, aunque algunas concentran una mayor cantidad de cuentas inmovilizadas. Ciudad de México encabeza la lista con 2 mil 300 cuentas, seguida de Jalisco con mil 185, Nuevo León con 955, Sinaloa con 723 y Baja California con 356. De acuerdo con el funcionario, la estrategia busca que el combate al crimen organizado no se limite a los operativos policiales, sino que también afecte su capacidad económica mediante el seguimiento de los recursos dentro del sistema financiero.


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