Aprueba Congreso de Nuevo León obligar a policías portar cámaras de solapa

Monterrey.- El Congreso del Estado de Nuevo León aprobó por unanimidad reformas a la Ley de Seguridad Pública estatal para obligar a los elementos policiales a portar cámaras de solapa durante el desempeño de sus funciones. La medida busca transparentar la actuación de las corporaciones y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas ante la ciudadanía.
La iniciativa fue presentada por el diputado del Partido Acción Nacional, Miguel Lechuga, y contempla modificaciones a diversos artículos de la legislación vigente, entre ellos el 3, 82, 126 y 155. El dictamen establece la regulación formal del uso de cámaras corporales digitales en los uniformes de los integrantes de instituciones de seguridad pública.
De acuerdo con el documento aprobado, la reforma surge ante quejas constantes de ciudadanos y transportistas por presuntos actos de extorsión y operativos con fines recaudatorios, particularmente en municipios como Santa Catarina. La intención es que cada intervención policial quede documentada mediante grabación audiovisual.
Durante la discusión en el Pleno, el legislador promovente señaló que la aprobación representa un cambio relevante en el combate a la corrupción dentro de los cuerpos de seguridad. Indicó que los municipios estarán obligados a equipar a sus elementos con estos dispositivos y que los operativos deberán quedar registrados en video.
La reforma también establece que las autoridades deberán promover el uso adecuado de las cámaras y garantizar que los dispositivos sean portados de manera visible, notoria y en buen estado. Asimismo, se contempla que el material generado pueda utilizarse como evidencia en procedimientos administrativos o judiciales.
Entre los beneficios señalados en el dictamen se encuentran la disuasión de malas prácticas, la reducción de abusos de autoridad y la generación de pruebas objetivas que contribuyan a esclarecer posibles irregularidades. Además, se plantea que la medida podría fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad pública.
La iniciativa fue presentada el 9 de diciembre de 2024 y, tras su análisis en comisiones, fue votada y aprobada por unanimidad en sesión del Pleno. Con la entrada en vigor de las reformas, corresponderá a las autoridades estatales y municipales implementar los lineamientos y garantizar el cumplimiento de la nueva disposición.
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