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Caso Ruffo Appel: detienen a una novena persona por presunta red de huachicol fiscal

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Caso Ruffo Appel: detienen a una novena persona por presunta red de huachicol fiscal

La investigación por una presunta red de contrabando de hidrocarburos relacionada con el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, sumó una nueva detenida, con lo que ya son nueve las personas aprehendidas por este caso.


La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la captura de Guadalupe “N”, quien fue localizada en la Ciudad de México y es señalada por su probable participación en los delitos de contrabando y delincuencia organizada.


De acuerdo con la dependencia, la investigación comenzó después del hallazgo, en julio de 2025, de 33 ferrotanques abandonados en Ramos Arizpe, Coahuila. Las autoridades realizaron análisis a las muestras encontradas en los contenedores y confirmaron la presencia de hidrocarburos.


La FGR sostiene que las indagatorias permitieron identificar una estructura dedicada al ingreso ilegal de combustible a través de vías ferroviarias, mediante la participación de empresas fachada, operadores logísticos, agentes aduanales y mecanismos financieros, con la probable colaboración de servidores públicos.


Según la investigación, los responsables habrían utilizado declaraciones aduaneras falsas o incompletas para reportar ante las autoridades cantidades de combustible inferiores a las que realmente transportaban.


En algunas operaciones, incluso se habría declarado únicamente alrededor del 10% del volumen real de hidrocarburos trasladados, con el propósito de reducir el pago de impuestos y evadir los controles correspondientes.


La fiscalía también señala que parte del combustible presuntamente introducido de manera ilegal era mezclado con productos legales, una práctica que habría permitido dificultar su detección y facilitar posteriormente su distribución.


La nueva captura se suma a las detenciones realizadas previamente dentro de la investigación, entre ellas la de Ernesto Ruffo Appel, quien fue gobernador de Baja California entre 1989 y 1995 y es considerado el primer gobernador de oposición en la historia moderna de México.


A finales de julio, Ruffo Appel y otras siete personas fueron vinculados a proceso por su probable participación en delitos relacionados con delincuencia organizada, contrabando y violaciones a la legislación en materia de hidrocarburos.


La FGR informó que, de las nueve personas detenidas hasta ahora, ocho ya fueron vinculadas a proceso, mientras que las investigaciones continúan para determinar el alcance de la presunta estructura criminal.


La fiscalía estima que las operaciones investigadas habrían ocasionado un daño al fisco superior a 4 mil millones de pesos, equivalentes a unos 230 millones de dólares.

El caso está relacionado con Ingemar S.A. de C.V., empresa importadora de combustibles que es investigada por presuntas irregularidades en operaciones relacionadas con hidrocarburos.


Antes de ser detenido, Ruffo Appel negó haber cometido irregularidades y manifestó su disposición a colaborar con las autoridades. Mientras tanto, dirigentes de la oposición han cuestionado el proceso y han señalado que podría tratarse de un acto de persecución política.



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Las acciones se llevaron a cabo el pasado 7 de agosto como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. De acuerdo con el reporte de la III Región Militar y la 9ª Zona Militar, elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional realizaron patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres en la zona, durante los cuales localizaron al grupo y procedieron con su detención.


Como parte de la intervención, las autoridades aseguraron 15 armas de fuego largas, 94 cargadores y 2 mil 964 cartuchos de distintos calibres. También fue localizado un inmueble que, de acuerdo con el reporte, era utilizado por la organización delictiva, además de diverso equipo táctico.


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De acuerdo con la información de la SABG, 242 servidores públicos incurrieron en faltas relacionadas con el incumplimiento de las funciones que tenían asignadas. Además, nueve fueron sancionados por abuso del cargo y uno más por abuso de funciones relacionado con casos de acoso u hostigamiento sexual o laboral.


En total, durante el periodo fueron aplicadas 252 sanciones, cifra superior a los 226 funcionarios sancionados debido a que una misma persona puede estar involucrada en más de una conducta o recibir distintas medidas administrativas dentro de un mismo procedimiento. Del total de sanciones, 149 fueron suspensiones, 55 inhabilitaciones, 43 amonestaciones públicas o privadas y cinco destituciones.



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