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Chiapas registra 158 armas entregadas voluntariamente en programa de desarme

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Chiapas registra 158 armas entregadas voluntariamente en programa de desarme

Habitantes de 19 municipios de Chiapas han entregado de manera voluntaria y anónima un total de 158 armas de fuego como parte del programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, informó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. Las personas recibieron dinero en efectivo a cambio de las armas, que posteriormente fueron destruidas en el mismo sitio donde se realizó la entrega.


Durante la conferencia matutina de este viernes 11 de septiembre, la funcionaria explicó que el programa busca retirar las armas de los hogares para evitar que permanezcan al alcance de las familias y puedan llegar a manos de niñas, niños o jóvenes. El periodo reportado comprende del 1 de octubre de 2024 al 8 de septiembre de 2026.


Rodríguez señaló que estas acciones forman parte de la estrategia de seguridad del gobierno federal, que busca atender las causas que generan violencia y acercar programas y servicios directamente a las comunidades. La secretaria destacó que la construcción de la paz requiere atender los factores relacionados con la violencia desde las distintas regiones.


Como parte de la estrategia Atención a las Causas, en Chiapas también se mantienen una Mesa Estatal de Paz y 12 mesas regionales, en las que se da seguimiento a las principales problemáticas de cada zona. Hasta ahora se han realizado 439 sesiones de la Mesa Estatal y 5 mil 289 reuniones regionales, además de encuentros interestatales e interregionales.


En estos espacios se han generado más de 2 mil acuerdos y acciones para atender distintas situaciones. La Mesa Estatal es encabezada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y aborda temas como conflictos sociales y agrarios, retornos seguros de comunidades y asuntos relacionados con seguridad. Las mesas regionales cuentan también con la participación de presidentes municipales, quienes revisan las condiciones de seguridad y las principales necesidades de sus localidades. De acuerdo con los datos citados durante el reporte, bajo este esquema Chiapas presenta una menor incidencia delictiva y una percepción de inseguridad más baja, según información del INEGI.



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Senasica inspeccionó más de 7 mil toneladas del fruto y activó operativos en Michoacán para evitar que la plaga se propague a zonas productoras libres.


La detección de plagas del barrenador en cargamentos de aguacate encendió las alertas en el sector agrícola mexicano. Ante el riesgo de que se extiendan a otras zonas productoras, la Secretaría de Agricultura reforzó los controles sanitarios y las inspecciones para proteger los cultivos y mantener las condiciones necesarias para su comercialización nacional e internacional.


A través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), se puso en marcha un esquema de vigilancia epidemiológica, revisión de embarques y control de la movilización del fruto, principalmente en Michoacán, principal estado productor de aguacate del país.


Entre el 13 de agosto y el 30 de octubre, las autoridades inspeccionaron mil 774 cargamentos que transportaban alrededor de 7 mil 391 toneladas. Los puntos de revisión se encuentran en Apatzingán, Buenavista, Cotija, Jiquilpan y Zamora, además de seis rutas itinerantes para detectar posibles traslados irregulares por caminos secundarios.


Como parte de estos operativos, el 28 de octubre fueron localizados dos cargamentos con presencia de la plaga: uno fue devuelto a su lugar de origen y el otro destruido para impedir su dispersión. Además, se reportó la destrucción de aproximadamente 52 toneladas de aguacate durante el fin de semana, aunque las autoridades no han detallado oficialmente todos los datos sobre su procedencia.


Es importante distinguir esta plaga del gusano barrenador del ganado: el barrenador del aguacate corresponde a insectos cuyas larvas dañan el fruto, las ramas o la semilla. No se trata de la mosca que afecta al ganado y que puede infestar tejidos de animales y personas.


La situación también genera preocupación por las exportaciones, especialmente hacia Estados Unidos, uno de los principales compradores del aguacate mexicano. Productores y especialistas han pedido mayor claridad sobre el origen de los cargamentos afectados y la dimensión del problema.


El escenario coincide con las protestas de productores de Michoacán, quienes desde finales de octubre han suspendido actividades para exigir mejores precios por el fruto. La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México espera que se reanuden las operaciones de sanidad vegetal para retomar gradualmente los cortes y avanzar hacia la normalización de los envíos.




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La Secretaría de Seguridad informó que no hay personas lesionadas ni detenidas; versiones locales señalan que los disparos habrían sido dirigidos contra el recinto y los militares que lo resguardan.


Un nuevo reporte de detonaciones de arma de fuego en Culiacán encendió las alertas luego de que se informara sobre una presunta agresión contra las instalaciones de la Feria Ganadera, en Sinaloa.


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De acuerdo con versiones difundidas por medios locales, los presuntos agresores se desplazaban en motocicleta y habrían disparado contra el inmueble, así como hacia los elementos militares que mantienen resguardada la zona. En redes sociales también circularon imágenes en las que se aprecian aparentes impactos de bala en la fachada, aunque estos detalles requieren confirmación oficial.


El reporte ocurre en medio de un contexto de violencia en la capital sinaloense. Uno de los casos recientes es el del sacerdote Clemente Morales Topete, quien fue privado de la libertad durante tres días y sufrió golpes, quemaduras y amenazas de muerte. El religioso regresó por sus propios medios y continúa en recuperación.


En materia de seguridad, el Gobierno federal anunció el despliegue de mil 600 elementos del Ejército en Mazatlán para reforzar la vigilancia en ese municipio, como parte de las acciones implementadas ante la situación de inseguridad en Sinaloa.


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De acuerdo con la información proporcionada por la Iglesia, el sacerdote fue privado de su libertad por un grupo de personas desconocidas y trasladado a un sitio cuya ubicación no ha sido revelada. Durante el tiempo que permaneció retenido, sus agresores lo amenazaron de muerte y le provocaron quemaduras graves para intentar obtener información que, según la Diócesis, él desconocía.


Después de permanecer tres días en cautiverio, Morales fue liberado y consiguió regresar por sus propios medios a la casa parroquial, conduciendo su camioneta. A su llegada presentaba diversas lesiones, por lo que necesitó atención médica inmediata y posteriormente fue trasladado a una clínica para recibir tratamiento especializado.


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