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Claudia Sheinbaum, como parte de su plan de gobierno, tiene algunos puntos clave que tendrán un gran impacto tanto a nivel nacional como en estados específicos como Coahuila y Nuevo León.

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Claudia Sheinbaum, como parte de su plan de gobierno, tiene algunos puntos clave que tendrán un gran impacto tanto a nivel nacional como en estados específicos como Coahuila y Nuevo León.

Anivel nacional, uno de los objetivos más importantes es fortalecer la economía. Para lograrlo, su gobierno impulsará grandes inversiones en infraestructura, como carreteras, puertos y aeropuertos, lo que no solo mejorará la conectividad en todo el país, sino que también generará miles de empleos. Además, habrá incentivos fiscales para que las pequeñas y medianas empresas crezcan y sean más competitivas. Un proyecto central de este esfuerzo será el desarrollo de corredores industriales en regiones estratégicas.


En cuanto a la seguridad, se pondrá en marcha una estrategia integral que combinará tecnología de vanguardia, como sistemas de videovigilancia y drones, con la expansión de la Guardia Nacional. Esto permitirá mejorar la seguridad en las zonas más afectadas por la violencia. Para reforzar este plan, se construirán centros de operaciones regionales de la Guardia Nacional, que estarán estratégicamente ubicados para brindar una respuesta rápida y efectiva en los puntos más críticos.


Otro de los grandes enfoques será la transición energética. El gobierno busca reducir la dependencia de combustibles fósiles, promoviendo el uso de energías limpias. Se van a construir parques solares y eólicos en lugares como Sonora y Oaxaca. Estos proyectos permitirán que el país avance hacia una matriz energética más sostenible y respetuosa con el medio ambiente.


En el tema de la salud, el objetivo es garantizar que todos los mexicanos tengan acceso a servicios médicos de calidad. Para ello, se ampliará el programa IMSS-Bienestar, llevando atención médica gratuita a las zonas más rurales. Además, se construirán nuevos hospitales y clínicas en áreas con poca cobertura, mejorando las condiciones de atención en todo el país.


La educación también será una prioridad, con la creación de nuevas universidades tecnológicas en las regiones más marginadas. El objetivo es que más jóvenes tengan acceso a educación superior, lo que a su vez contribuirá a reducir las desigualdades regionales. Además, se invertirán recursos en mejorar la infraestructura escolar desde el nivel básico hasta el universitario.


En cuanto a los derechos de las mujeres, se fortalecerán las políticas para prevenir la violencia de género. Parte de esto incluye la construcción de nuevos centros de atención integral para mujeres en todo el país, donde recibirán apoyo psicológico, legal y económico para salir de situaciones de violencia.


En el combate a la pobreza, se ampliarán los programas sociales como “Sembrando Vida” y “Jóvenes Construyendo el Futuro”. Estos programas llegarán a más personas, especialmente en las zonas rurales y marginadas. Además, se crearán proyectos productivos en esas áreas para que las personas puedan generar ingresos y mejorar su calidad de vida.


Para mejorar el sistema de justicia, se implementará una reforma que digitalizará los procesos judiciales, lo que agilizará los casos y reducirá la corrupción. Además, se modernizarán los juzgados en todo el país para mejorar la infraestructura judicial.


En el ámbito ambiental, uno de los planes más importantes es la reforestación de áreas afectadas por la deforestación y la creación de reservas naturales. Un ejemplo de esto será la reforestación del Parque Nacional del Istmo de Tehuantepec, así como la protección de zonas boscosas en estados como Michoacán y Chiapas.


Por último, el desarrollo tecnológico será clave. Se crearán parques tecnológicos en varias ciudades, con un enfoque en el desarrollo de software, robótica y otras tecnologías avanzadas. Monterrey será uno de los principales centros tecnológicos, donde se construirá un hub de innovación que hará que México sea competitivo en el campo de la tecnología a nivel mundial.


En Coahuila, se trabajará en la modernización de la industria, especialmente en sectores como el automotriz y el acero. Se construirán nuevos parques industriales en Saltillo y Monclova, lo que generará empleos y consolidará el estado como un centro industrial importante. Además, para hacer frente a los problemas de agua en la región, se ampliará la Presa Venustiano Carranza y se construirán nuevos proyectos en la Comarca Lagunera.


Coahuila también será protagonista en la transición energética, con la creación del Parque Solar Viesca, que aprovechará las condiciones climáticas del estado para generar energía limpia. En cuanto a la seguridad, se reforzará la vigilancia en la frontera con Estados Unidos mediante la construcción de un Centro Regional de Seguridad Fronteriza en Piedras Negras, que se encargará de combatir el tráfico de drogas y armas.


En Nuevo León, uno de los proyectos más importantes será la expansión del sistema de metro en Monterrey. La construcción de la Línea 4 y un tren suburbano entre Monterrey y Saltillo mejorarán la movilidad en la región. Además, Monterrey se convertirá en un centro clave de innovación tecnológica, con la creación de un centro de innovación y tecnología enfocado en áreas como la robótica y la inteligencia artificial.


La industria en Nuevo León también se modernizará con la implementación de parques industriales sustentables en Apodaca y Santa Catarina. Esto permitirá que las empresas locales operen con una menor huella de carbono. En respuesta a la crisis del agua, se ampliará el Acueducto Monterrey VI y se construirán plantas de tratamiento, garantizando así el suministro de agua en épocas de sequía. Finalmente, se creará un Centro Integral de Seguridad Metropolitana que unificará a las fuerzas de seguridad de los municipios para responder de manera más efectiva a la delincuencia.


Esta visión busca integrar acciones y proyectos concretos que tendrán un impacto directo en la vida de los mexicanos, mejorando la seguridad, economía, movilidad y sustentabilidad del país.


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Mendieta señaló que existen violaciones de fondo en la resolución emitida por la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega, por lo que la defensa buscará combatir tanto la vinculación como la medida cautelar impuesta a su cliente. Para presentar el recurso cuentan con un plazo de 15 días hábiles, mientras que el abogado también cuestionó la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, al considerarla inconvencional y señalar que ha sido objeto de cuestionamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.


La jueza vinculó a Farías Laguna por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos, en la modalidad de ocultamiento. Durante la audiencia, explicó la existencia de un entramado relacionado con el contrabando de combustible en el que presuntamente participarían distintas áreas y actores, entre ellos secretarías de Estado, Pemex, empresarios, agentes aduanales, permisionarios de muelles y civiles.


Sin embargo, la defensa rechaza que la dirección de esa estructura pueda ser atribuida a Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna, ambos integrantes de la Marina. Mendieta cuestionó que, de acuerdo con el planteamiento de la Fiscalía General de la República, dos marinos de mando medio pudieran tener capacidad para decidir sobre operaciones que involucran a distintas secretarías y dependencias. El abogado sostuvo que sus clientes no tenían posibilidad de controlar actividades relacionadas con aduanas, Marina, Defensa, Guardia Nacional, Energía y otras instituciones responsables de supervisar y autorizar la importación de productos.


La causa penal 325/2025 inició con la audiencia inicial el viernes 21 de agosto y concluyó el jueves 27, luego de que la defensa solicitara la duplicidad del plazo constitucional. La diligencia del miércoles se extendió durante aproximadamente nueve horas antes de entrar en receso y se reanudó el jueves para conocer la resolución sobre la situación jurídica de Farías Laguna, quien también intervino durante la sesión. La audiencia se realizó a puerta cerrada y por videoconferencia, sin acceso para público ni medios de comunicación, debido a que la FGR argumentó razones relacionadas con la seguridad nacional. Previamente, el 22 de agosto, un juez había calificado como legal su detención y le había impuesto prisión preventiva provisional.



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Del total de cuentas inmovilizadas, 7 mil 861 están relacionadas con integrantes de organizaciones criminales con mayor presencia e incidencia en el país, lo que representa el 31.9 por ciento del total. El titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, explicó que la dependencia analiza operaciones financieras, identifica personas y estructuras consideradas de riesgo y, cuando existen elementos suficientes, procede con su incorporación a la lista para impedir que puedan mover los recursos.


Los bloqueos se han realizado en distintas entidades, aunque algunas concentran una mayor cantidad de cuentas inmovilizadas. Ciudad de México encabeza la lista con 2 mil 300 cuentas, seguida de Jalisco con mil 185, Nuevo León con 955, Sinaloa con 723 y Baja California con 356. De acuerdo con el funcionario, la estrategia busca que el combate al crimen organizado no se limite a los operativos policiales, sino que también afecte su capacidad económica mediante el seguimiento de los recursos dentro del sistema financiero.


La UIF también ha incorporado a la extorsión dentro de las investigaciones relacionadas con el seguimiento de recursos. Desde el inicio de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el 6 de julio de 2025, la dependencia ha inmovilizado mil 443 cuentas vinculadas con investigaciones por este delito, cifra equivalente al 5.9 por ciento del total de cuentas bloqueadas. Reyes Colmenares señaló que estas acciones buscan afectar una actividad que impacta directamente el patrimonio de personas, familias y negocios.


Para fortalecer estas labores, la UIF mantiene coordinación con instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, Agencia de Investigación Criminal, Centro Nacional de Inteligencia y autoridades estatales. Además, la dependencia encabeza la mesa de prevención de lavado de dinero del gabinete de seguridad y mantiene intercambio de información financiera con organismos internacionales, así como con instituciones financieras y la Asociación de Bancos de México.



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México recuperó 5 millones 805 mil 693.50 dólares relacionados con el esquema de contrataciones públicas investigado en el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, informó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Los recursos ya fueron ingresados a la Tesorería de la Federación luego de un procedimiento judicial realizado en Florida, Estados Unidos, como parte del proceso civil mediante el cual el Estado mexicano busca recuperar activos vinculados con el caso.


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La recuperación, sin embargo, representa solamente una parte de los recursos que México reclama mediante un litigio civil en Florida. La UIF mantiene el proceso para recuperar otros activos pendientes de liquidación, luego de presentar una demanda relacionada con una estructura empresarial vinculada con integrantes de la familia Weinberg, entre ellos Jonathan Alexis Weinberg Pinto y Mauricio Samuel Weinberg López.


De acuerdo con la información presentada por la UIF, empresas relacionadas con dicha estructura habrían participado entre 2008 y 2018 en contratos con instituciones de seguridad. El análisis financiero identificó operaciones por más de 403 millones de dólares entre empresas vinculadas con la estructura investigada y el entonces Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social. En mayo de 2026, un tribunal de Florida emitió una sentencia favorable al Estado mexicano contra integrantes de la familia Weinberg por aproximadamente 578.5 millones de dólares, aunque esa cantidad corresponde al monto contemplado en la resolución y no a recursos que México haya recuperado hasta ahora.


La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la recuperación está relacionada con recursos obtenidos mediante contratos gubernamentales durante el periodo en que García Luna estuvo al frente de instituciones de seguridad y recordó que el proceso para recuperar esos activos es independiente del proceso penal que enfrenta el exfuncionario en Estados Unidos. Sobre los recursos ya recuperados, adelantó que se trabaja para destinarlos a educación en La Montaña de Guerrero, particularmente a los niveles medio superior y superior, además de atender necesidades de educación básica. El destino específico deberá definirse mediante los mecanismos presupuestarios correspondientes.



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