Coahuila fortalece su marco legal contra la extorsión y se coloca a la vanguardia nacional
El Congreso del Estado de Coahuila aprobó reformas al Código Penal local y a la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con las que se armoniza la legislación estatal con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, colocando a la entidad entre las primeras del país en cumplir con este mandato y ampliando su alcance con medidas institucionales adicionales.
Las reformas, impulsadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, no solo actualizan el marco legal conforme al ordenamiento federal, sino que fortalecen de manera integral la estrategia estatal contra la extorsión mediante la creación de la Unidad de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión, adscrita al Centro Estatal de Atención de Emergencias y Contacto Ciudadano.
En el dictamen aprobado se reconoce que la extorsión se ha transformado en uno de los delitos que más afectan a la sociedad mexicana, al evolucionar de prácticas aisladas a mecanismos sistemáticos de control territorial y financiamiento del crimen organizado, lo que hace indispensable una respuesta coordinada y eficaz de las autoridades.
Con la armonización legislativa, Coahuila adopta un tipo penal uniforme a nivel nacional, lo que fortalece la certeza jurídica, evita interpretaciones dispares entre entidades federativas y facilita la coordinación entre las autoridades encargadas de la investigación y persecución del delito.
Asimismo, la reforma amplía las atribuciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en materia de prevención, atención y combate a la extorsión, incorporando un enfoque de política pública integral que prioriza la protección de los derechos humanos, la atención a víctimas y la reparación del daño.
Entre las acciones destacadas se encuentra la implementación de herramientas tecnológicas y mecanismos de georreferenciación para la atención de denuncias, una medida considerada clave para enfrentar un delito con alta cifra negra y que frecuentemente se comete mediante el uso de medios digitales.
Con estas acciones, el Congreso y el Ejecutivo estatal refrendan su compromiso de blindar a Coahuila, fortalecer la seguridad y garantizar la tranquilidad y el patrimonio de las familias coahuilenses, consolidando un modelo de coordinación interinstitucional y respuesta efectiva frente a uno de los delitos de mayor impacto social.
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