Congreso de Coahuila avala regulación estricta para centros de rehabilitación de adicciones

El Congreso del Estado de Coahuila aprobó por unanimidad una nueva legislación que regula el funcionamiento de los centros privados de rehabilitación de adicciones, conocidos como anexos, con el objetivo de erradicar prácticas que vulneran los derechos humanos y fortalecer la supervisión institucional.
La iniciativa fue presentada por el diputado Jorge Valdés Flores, del Partido Verde, y contó con el respaldo de todas las fracciones parlamentarias. El proyecto, planteado desde marzo de 2024, fue construido en coordinación con el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Salud y la Fiscalía General del Estado.
Entre los puntos centrales de la nueva ley se establece el consentimiento informado como requisito indispensable para el ingreso de pacientes, quedando prohibida cualquier forma de traslado forzoso, sustracción sin autorización o confinamiento involuntario. Asimismo, se elimina la posibilidad de tratamientos coercitivos, aislamiento obligatorio o acciones que atenten contra la dignidad de las personas.
La legislación también impide que personal de estos establecimientos acuda a domicilios particulares u otros espacios para recoger a personas con problemas de consumo, práctica conocida popularmente como “tazos dorados”, así como cualquier uso de la fuerza física para el reingreso de pacientes.
Además, los anexos y clínicas especializadas estarán obligados a notificar al Ministerio Público cada ingreso y egreso, como medida de control para prevenir delitos como la privación ilegal de la libertad y evitar que personas prófugas de la justicia se oculten en estos centros bajo el pretexto de recibir tratamiento.
En los casos en los que no exista un responsable legal que realice la notificación, la obligación recaerá directamente en el titular del establecimiento, quien deberá cumplir con los requisitos administrativos, legales y las Normas Oficiales Mexicanas aplicables.
Con esta reforma, el Congreso de Coahuila busca garantizar tratamientos dignos, seguros y con apego a la ley para las personas que enfrentan problemas de adicciones en la entidad.
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