Congreso de Nuevo León elimina restricción de tatuajes para ingreso a corporaciones policiales

El Congreso del Estado de Nuevo León aprobó una reforma a la Ley de Seguridad Pública con la que se eliminan disposiciones consideradas discriminatorias para quienes buscan integrarse a corporaciones estatales como Fuerza Civil y la Fuerza Penitenciaria. Con 38 votos a favor, el Pleno avaló cambios que prohíben negar el ingreso, permanencia o promoción dentro de la carrera policial únicamente por portar tatuajes o perforaciones.

Además de permitir estos elementos como parte de la apariencia personal de los aspirantes, la reforma también elimina los requisitos de estatura que anteriormente se solicitaban para integrarse a estas instituciones. Con ello, se busca ampliar las oportunidades de acceso al servicio policial y evitar que criterios físicos limiten el ingreso de nuevos elementos.

La propuesta fue impulsada inicialmente por la diputada federal de Movimiento Ciudadano, Iraís Reyes, y posteriormente ajustada por la legisladora local Sandra Pámanes, con la finalidad de armonizar la legislación estatal con los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de libre desarrollo de la personalidad y no discriminación.

Dentro de los cambios aprobados se contempla la adición del artículo 29 Bis a la Ley de la Institución Policial Estatal Fuerza Civil, así como la modificación de la fracción V del artículo 198 Bis 5 de la Ley de Seguridad Pública del Estado. El dictamen señala que los tatuajes representan una forma de comunicación e individualidad protegida por la Constitución, por lo que prohibirlos como requisito de ingreso vulnera derechos fundamentales.

La única limitación que se mantendrá será para aquellos tatuajes que contengan símbolos relacionados con discursos de odio. Asimismo, se establece que la apariencia física no puede ser motivo para negar el acceso al empleo siempre que no interfiera con el desempeño de las funciones laborales. Tras la publicación del decreto en el Periódico Oficial del Estado, el Ejecutivo estatal y los 51 municipios tendrán un plazo de 60 días para adecuar sus reglamentos internos a estas nuevas disposiciones.