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Dan prisión preventiva a alcalde de Teuchitlán por complicidad con el CJNG en caso Rancho Izaguirre

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Dan prisión preventiva a alcalde de Teuchitlán por complicidad con el CJNG en caso Rancho Izaguirre

Guadalajara, Jal.- Dictan prisión preventiva al alcalde emecista de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago, por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas durante la audiencia realizada en el Juzgado Tercero Oral Federal Penal, con sede en la prisión de Puente Grande, en la que lo acusaron de recibir 70 mil pesos mensuales por colaborar con el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Durante la diligencia, que duró prácticamente todo el domingo, la Fiscalía General de la República leyó testimonios de presuntas víctimas reclutadas a la fuerza que señalan que no sólo sabía del rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, sino que participaba activamente en los hechos ilícitos que ahí se cometían.

El presidente municipal de Teuchitlán fue capturado la tarde del sábado por la FGR y trasladado a la Ciudad de México de donde fue regresado a Jalisco la madrugada del domingo para iniciar su proceso judicial.

"Chon", como lo apodaban tanto el actual gobernador Pablo Lemus como el anterior, Enrique Alfaro -quienes se referían a él como su amigo-, contaba con una orden de aprehensión emitida el 24 de marzo pasado, Sin embargo, la FGR explicó en la diligencia que la fiscalía de Jalisco no la cumplimentó por lo que decidió ejecutarla a través de la Agencia de Investigación Criminal sin avisar a las autoridades locales y de forma sigilosa.

En la parte pública de la audiencia, la dependencia federal leyó testimonios de presuntas víctimas de reclutamiento forzado en los cuales existen coincidencias que lo involucrarían como cómplice del CJNG, grupo al que se atribuye la creación de esos centros de reclutamiento y entrenamiento de sicarios.

Uno de los testimonios recabados y leídos por la FGR dijo que fue obligado a reabrir una fosa clandestina en el rancho que “ya estaba preparada para la exposición térmica de cuerpos” luego de haber arrojado en ella cadáveres desmembrados”.

Detalló que llegó Chon Murguía con “una bolsa negra y grande” dentro de la cual había órganos de varias personas -no precisó de cuántas- que también fueron lanzados al fuego.

En otro testimonio leído por la FGR, se señala que el alcalde acudía al rancho Izaguirre y se entrevistaba a veces con el encargado de ese lugar, el “comandante” Lastra (José Gregorio Lastra, detenido en Cuajimalpa el pasado 22 de marzo por la Guardia Nacional), o bien con el jefe regional del CJNG en la región Valles, donde se ubica el rancho, Gonzalo Mendoza Gaitán apodado El Sapo o El 90.

José Ascención Murguía, quien desde 2021 es edil de Teuchitlán y en 2024 se reeligió, según las acusaciones recibía 70 mil pesos mensuales por su colaboración.

La FGR leyó señalamientos de que el alcalde destinaba policías municipales y armamento para buscar a las personas que escapaban de los ranchos o para llevar nuevas víctimas.

Además, se ponía de acuerdo para verse con los encargados de los ranchos a través de un celular no inteligente al que llamaban “cacahuatito” y que en alguna ocasión el munícipe, dentro del predio Izaguirre, se entrevistó con el Lastra y el Sapo y hablaron abiertamente, frente a varios de los reclutados a fuerza, sobre secuestrar a más personas.


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Mendieta señaló que existen violaciones de fondo en la resolución emitida por la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega, por lo que la defensa buscará combatir tanto la vinculación como la medida cautelar impuesta a su cliente. Para presentar el recurso cuentan con un plazo de 15 días hábiles, mientras que el abogado también cuestionó la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, al considerarla inconvencional y señalar que ha sido objeto de cuestionamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.


La jueza vinculó a Farías Laguna por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos, en la modalidad de ocultamiento. Durante la audiencia, explicó la existencia de un entramado relacionado con el contrabando de combustible en el que presuntamente participarían distintas áreas y actores, entre ellos secretarías de Estado, Pemex, empresarios, agentes aduanales, permisionarios de muelles y civiles.


Sin embargo, la defensa rechaza que la dirección de esa estructura pueda ser atribuida a Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna, ambos integrantes de la Marina. Mendieta cuestionó que, de acuerdo con el planteamiento de la Fiscalía General de la República, dos marinos de mando medio pudieran tener capacidad para decidir sobre operaciones que involucran a distintas secretarías y dependencias. El abogado sostuvo que sus clientes no tenían posibilidad de controlar actividades relacionadas con aduanas, Marina, Defensa, Guardia Nacional, Energía y otras instituciones responsables de supervisar y autorizar la importación de productos.


La causa penal 325/2025 inició con la audiencia inicial el viernes 21 de agosto y concluyó el jueves 27, luego de que la defensa solicitara la duplicidad del plazo constitucional. La diligencia del miércoles se extendió durante aproximadamente nueve horas antes de entrar en receso y se reanudó el jueves para conocer la resolución sobre la situación jurídica de Farías Laguna, quien también intervino durante la sesión. La audiencia se realizó a puerta cerrada y por videoconferencia, sin acceso para público ni medios de comunicación, debido a que la FGR argumentó razones relacionadas con la seguridad nacional. Previamente, el 22 de agosto, un juez había calificado como legal su detención y le había impuesto prisión preventiva provisional.



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Del total de cuentas inmovilizadas, 7 mil 861 están relacionadas con integrantes de organizaciones criminales con mayor presencia e incidencia en el país, lo que representa el 31.9 por ciento del total. El titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, explicó que la dependencia analiza operaciones financieras, identifica personas y estructuras consideradas de riesgo y, cuando existen elementos suficientes, procede con su incorporación a la lista para impedir que puedan mover los recursos.


Los bloqueos se han realizado en distintas entidades, aunque algunas concentran una mayor cantidad de cuentas inmovilizadas. Ciudad de México encabeza la lista con 2 mil 300 cuentas, seguida de Jalisco con mil 185, Nuevo León con 955, Sinaloa con 723 y Baja California con 356. De acuerdo con el funcionario, la estrategia busca que el combate al crimen organizado no se limite a los operativos policiales, sino que también afecte su capacidad económica mediante el seguimiento de los recursos dentro del sistema financiero.


La UIF también ha incorporado a la extorsión dentro de las investigaciones relacionadas con el seguimiento de recursos. Desde el inicio de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el 6 de julio de 2025, la dependencia ha inmovilizado mil 443 cuentas vinculadas con investigaciones por este delito, cifra equivalente al 5.9 por ciento del total de cuentas bloqueadas. Reyes Colmenares señaló que estas acciones buscan afectar una actividad que impacta directamente el patrimonio de personas, familias y negocios.


Para fortalecer estas labores, la UIF mantiene coordinación con instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, Agencia de Investigación Criminal, Centro Nacional de Inteligencia y autoridades estatales. Además, la dependencia encabeza la mesa de prevención de lavado de dinero del gabinete de seguridad y mantiene intercambio de información financiera con organismos internacionales, así como con instituciones financieras y la Asociación de Bancos de México.



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