Demandan a Kennedy por cambios al calendario de vacunas

Una coalición integrada por 16 fiscales generales estatales y el gobernador de Pensilvania presentó una demanda contra el secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., y la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Erica Schwartz, por los cambios realizados al calendario de vacunación infantil.
Los demandantes buscan que un tribunal declare ilegal el nuevo esquema y ordene recuperar las recomendaciones que estaban vigentes antes de las modificaciones.
El conflicto se centra en la exclusión de siete vacunas del calendario publicado por los CDC, entre ellas las destinadas a prevenir hepatitis B, influenza, virus respiratorio sincitial (VRS) y meningitis.
La demanda también cuestiona la decisión de remover en junio de 2025 a los 17 integrantes con derecho a voto del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP), organismo que durante décadas ha emitido recomendaciones para la política de vacunación estadounidense.
De acuerdo con los fiscales, los nuevos integrantes del comité no contarían con la experiencia o las credenciales necesarias y posteriormente respaldaron cambios como eliminar la recomendación de aplicar de manera universal la vacuna contra la hepatitis B a los recién nacidos, una medida vigente desde 1991.
Los estados argumentan que las modificaciones se realizaron sin considerar adecuadamente la evidencia científica acumulada y advierten que podrían generar confusión entre las familias, disminuir las tasas de vacunación y aumentar el riesgo de enfermedades prevenibles.
Como parte de sus argumentos, los demandantes citan estimaciones según las cuales las vacunas aplicadas de manera rutinaria entre niños nacidos en Estados Unidos de 1994 a 2023 evitaron alrededor de 508 millones de enfermedades, 32 millones de hospitalizaciones y más de 1.1 millones de muertes.
La coalición solicita al tribunal no solo revertir el nuevo calendario, sino también revisar la legalidad de los cambios realizados en el ACIP y dejar sin efecto la decisión relacionada con la vacunación contra la hepatitis B al nacimiento.
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