Dictan prisión preventiva a exfuncionario ligado al gobierno de Cuauhtémoc Blanco

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9 de febrero de 2026

Nacional

Reporte México

Dictan prisión preventiva a exfuncionario ligado al gobierno de Cuauhtémoc Blanco

Un juez de control ordenó prisión preventiva contra Dionisio Emanuel “N”, exdirector del Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo durante la administración de Cuauhtémoc Blanco y extesorero del Ayuntamiento de Cuautla, tras ser imputado por los delitos de peculado agravado y ejercicio abusivo de funciones.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Morelos, las conductas atribuidas al exfuncionario habrían provocado un daño económico al erario municipal. El juez determinó la medida cautelar debido a que el imputado permaneció prófugo durante aproximadamente un año, por lo que se consideró necesario garantizar su comparecencia durante el proceso.

El caso cobró relevancia desde 2025, cuando la fiscalía estatal informó que, tras un cateo en una propiedad vinculada al exalcalde, fueron localizados restos humanos, rastros de sangre y cráneos en vasijas de barro, hechos que continúan bajo investigación. Dionisio Emanuel fue detenido en Puente de Ixtla y trasladado al Cereso de Cuautla, mientras las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para determinar el monto del daño patrimonial y la posible participación de otros involucrados.

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La defensa del excontralmirante Fernando Farías Laguna prepara un juicio de amparo para impugnar la vinculación a proceso y la prisión preventiva oficiosa que le fueron impuestas por su presunta participación en una red de huachicol fiscal en aduanas marítimas. Su abogado, Epigmenio Mendieta, confirmó que no recurrirán a una apelación ordinaria y acudirán directamente ante el Poder Judicial de la Federación.

Mendieta señaló que existen violaciones de fondo en la resolución emitida por la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega, por lo que la defensa buscará combatir tanto la vinculación como la medida cautelar impuesta a su cliente. Para presentar el recurso cuentan con un plazo de 15 días hábiles, mientras que el abogado también cuestionó la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, al considerarla inconvencional y señalar que ha sido objeto de cuestionamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La jueza vinculó a Farías Laguna por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos, en la modalidad de ocultamiento. Durante la audiencia, explicó la existencia de un entramado relacionado con el contrabando de combustible en el que presuntamente participarían distintas áreas y actores, entre ellos secretarías de Estado, Pemex, empresarios, agentes aduanales, permisionarios de muelles y civiles.

Sin embargo, la defensa rechaza que la dirección de esa estructura pueda ser atribuida a Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna, ambos integrantes de la Marina. Mendieta cuestionó que, de acuerdo con el planteamiento de la Fiscalía General de la República, dos marinos de mando medio pudieran tener capacidad para decidir sobre operaciones que involucran a distintas secretarías y dependencias. El abogado sostuvo que sus clientes no tenían posibilidad de controlar actividades relacionadas con aduanas, Marina, Defensa, Guardia Nacional, Energía y otras instituciones responsables de supervisar y autorizar la importación de productos.

La causa penal 325/2025 inició con la audiencia inicial el viernes 21 de agosto y concluyó el jueves 27, luego de que la defensa solicitara la duplicidad del plazo constitucional. La diligencia del miércoles se extendió durante aproximadamente nueve horas antes de entrar en receso y se reanudó el jueves para conocer la resolución sobre la situación jurídica de Farías Laguna, quien también intervino durante la sesión. La audiencia se realizó a puerta cerrada y por videoconferencia, sin acceso para público ni medios de comunicación, debido a que la FGR argumentó razones relacionadas con la seguridad nacional. Previamente, el 22 de agosto, un juez había calificado como legal su detención y le había impuesto prisión preventiva provisional.

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Desde octubre de 2024, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha inmovilizado 24 mil 622 cuentas bancarias en México, por un monto global de 8 mil 670 millones 814 mil 057 pesos, como parte de las acciones para identificar y frenar el movimiento de recursos relacionados con actividades ilícitas. Durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la dependencia también ha incorporado a 2 mil 395 personas a la Lista de Personas Bloqueadas.

Del total de cuentas inmovilizadas, 7 mil 861 están relacionadas con integrantes de organizaciones criminales con mayor presencia e incidencia en el país, lo que representa el 31.9 por ciento del total. El titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, explicó que la dependencia analiza operaciones financieras, identifica personas y estructuras consideradas de riesgo y, cuando existen elementos suficientes, procede con su incorporación a la lista para impedir que puedan mover los recursos.

Los bloqueos se han realizado en distintas entidades, aunque algunas concentran una mayor cantidad de cuentas inmovilizadas. Ciudad de México encabeza la lista con 2 mil 300 cuentas, seguida de Jalisco con mil 185, Nuevo León con 955, Sinaloa con 723 y Baja California con 356. De acuerdo con el funcionario, la estrategia busca que el combate al crimen organizado no se limite a los operativos policiales, sino que también afecte su capacidad económica mediante el seguimiento de los recursos dentro del sistema financiero.

La UIF también ha incorporado a la extorsión dentro de las investigaciones relacionadas con el seguimiento de recursos. Desde el inicio de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el 6 de julio de 2025, la dependencia ha inmovilizado mil 443 cuentas vinculadas con investigaciones por este delito, cifra equivalente al 5.9 por ciento del total de cuentas bloqueadas. Reyes Colmenares señaló que estas acciones buscan afectar una actividad que impacta directamente el patrimonio de personas, familias y negocios.

Para fortalecer estas labores, la UIF mantiene coordinación con instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, Agencia de Investigación Criminal, Centro Nacional de Inteligencia y autoridades estatales. Además, la dependencia encabeza la mesa de prevención de lavado de dinero del gabinete de seguridad y mantiene intercambio de información financiera con organismos internacionales, así como con instituciones financieras y la Asociación de Bancos de México.

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México recuperó 5 millones 805 mil 693.50 dólares relacionados con el esquema de contrataciones públicas investigado en el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, informó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Los recursos ya fueron ingresados a la Tesorería de la Federación luego de un procedimiento judicial realizado en Florida, Estados Unidos, como parte del proceso civil mediante el cual el Estado mexicano busca recuperar activos vinculados con el caso.

El titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, explicó durante la conferencia matutina que el monto recuperado proviene de dos operaciones realizadas en Estados Unidos: una correspondiente a una póliza de fianza y otra relacionada con la liquidación de 12 propiedades ubicadas en Florida. Precisó que los 5.8 millones de dólares ya forman parte de los recursos administrados por el Gobierno de México y no permanecen bajo control de la UIF ni constituyen un fondo separado.

La recuperación, sin embargo, representa solamente una parte de los recursos que México reclama mediante un litigio civil en Florida. La UIF mantiene el proceso para recuperar otros activos pendientes de liquidación, luego de presentar una demanda relacionada con una estructura empresarial vinculada con integrantes de la familia Weinberg, entre ellos Jonathan Alexis Weinberg Pinto y Mauricio Samuel Weinberg López.

De acuerdo con la información presentada por la UIF, empresas relacionadas con dicha estructura habrían participado entre 2008 y 2018 en contratos con instituciones de seguridad. El análisis financiero identificó operaciones por más de 403 millones de dólares entre empresas vinculadas con la estructura investigada y el entonces Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social. En mayo de 2026, un tribunal de Florida emitió una sentencia favorable al Estado mexicano contra integrantes de la familia Weinberg por aproximadamente 578.5 millones de dólares, aunque esa cantidad corresponde al monto contemplado en la resolución y no a recursos que México haya recuperado hasta ahora.

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