Empleada de banco, a prisión por desfalco de $12 millones

La trabajadora de Afirme habría utilizado códigos a los que tenía acceso por su cargo para realizar movimientos y sustraer recursos durante aproximadamente dos meses; el dinero pertenecía a la institución bancaria y no a clientes.
Una empleada de una institución bancaria fue vinculada a proceso y permanece en prisión preventiva, luego de ser señalada por su presunta participación en un desfalco de aproximadamente 12 millones de pesos cometido contra el propio banco en Saltillo, Coahuila.
De acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía General del Estado de Coahuila, el caso comenzó a ser detectado a partir de una auditoría interna realizada por la institución financiera, en la que se identificó un importante faltante de recursos.
Tras detectar las irregularidades, representantes del banco presentaron la denuncia correspondiente ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones para determinar cómo se realizaron los movimientos y quién habría tenido participación en ellos.
Según las primeras indagatorias, la mujer se desempeñaba en un puesto ejecutivo dentro de la institución bancaria, lo que le permitía tener acceso a determinados códigos y herramientas necesarias para realizar operaciones financieras.
La investigación apunta a que habría utilizado dichos accesos para efectuar diversos movimientos durante un periodo aproximado de dos meses, hasta alcanzar un monto cercano a los 12 millones de pesos.
La Fiscalía precisó que los recursos presuntamente sustraídos pertenecían al propio banco, por lo que no se trata, hasta el momento, de un caso relacionado con el retiro o afectación de dinero perteneciente a las cuentas de clientes.
Luego de reunir los elementos de investigación correspondientes, el Ministerio Público obtuvo una orden de aprehensión en contra de la trabajadora, quien posteriormente fue detenida y presentada ante la autoridad judicial.
Durante la audiencia correspondiente, un juez determinó vincularla a proceso por los hechos que se le atribuyen y estableció como medida cautelar la prisión preventiva, por lo que actualmente permanece recluida en el Centro Penitenciario de Saltillo.
La medida cautelar permanecerá vigente mientras continúa el proceso judicial y se determina su situación jurídica.
Como parte de la resolución judicial, se estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria, periodo durante el cual la Fiscalía y la parte acusadora podrán reunir y presentar mayores elementos relacionados con las operaciones presuntamente realizadas por la imputada.
Las autoridades continuarán revisando la documentación financiera y los movimientos efectuados durante el periodo señalado, además de los accesos y códigos que habrían sido utilizados para concretar las operaciones.
Por ahora, la mujer permanece bajo prisión preventiva y será el desarrollo del proceso judicial el que determine su responsabilidad. La acusación es de carácter presunto y deberá prevalecer la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.
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