Error humano provoca tragedia del Tren Interoceánico; tres personas enfrentan proceso penal
La Fiscalía General de la República confirmó que el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el 28 de diciembre en Oaxaca fue provocado por un error humano, y anunció que tres personas fueron vinculadas a proceso por su presunta responsabilidad en el accidente que dejó 14 muertos y más de 100 heridos.
De acuerdo con las investigaciones, los implicados son el maquinista, el conductor y el jefe de despacho, quienes enfrentarán cargos por homicidio y lesiones culposas. Las autoridades señalaron que existen pruebas suficientes para acreditar su participación directa en los hechos.
Uno de los elementos clave fue el análisis de la llamada “caja negra” del tren, que reveló que la unidad circulaba a 65 kilómetros por hora en una zona donde el límite máximo permitido era de 50 km/h, lo que habría provocado el descarrilamiento.
La titular de la Fiscalía, Ernestina Godoy, explicó que se agotaron todas las líneas de investigación posibles, incluyendo peritajes en ingeniería, seguridad industrial y revisión de la infraestructura ferroviaria. Los resultados confirmaron que las vías, los materiales y las condiciones del tren cumplían con las normas, descartando fallas técnicas o estructurales.
También se descartaron delitos relacionados con daño a infraestructura, corrupción o fallas en el servicio público, luego de analizar auditorías y documentos oficiales. En el caso de daños materiales, la empresa afectada decidió otorgar el perdón, lo que permitió cerrar esa parte del proceso.
En paralelo, las autoridades informaron que 145 víctimas, entre adultos y menores de edad, ya recibieron reparación integral del daño, lo que permitió la extinción de la acción penal en algunos aspectos del caso.
El accidente ocurrió en una de las rutas del Corredor Interoceánico, un proyecto estratégico del gobierno mexicano diseñado para conectar los océanos Pacífico y Atlántico a través de una red ferroviaria en el sur del país.
El caso ha generado cuestionamientos sobre los protocolos de seguridad en este tipo de proyectos, mientras el proceso judicial avanza para determinar las responsabilidades finales.
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