EU acusa a gobernador de Sinaloa y a 9 funcionarios por nexos con el narco; México rechaza pruebas y se abre crisis bilateral

El gobierno de Estados Unidos acusó formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, en un caso que ha escalado rápidamente a nivel diplomático. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York sostiene que los señalados habrían colaborado con el grupo criminal para facilitar el tráfico de drogas a cambio de sobornos y apoyo político.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, encabezadas por el fiscal Jay Clayton y respaldadas por la DEA, los implicados enfrentan cargos por conspiración para importar narcóticos, posesión de armas de alto poder y vínculos directos con estructuras del crimen organizado. Las penas podrían alcanzar cadena perpetua. Entre los acusados también figura el senador Enrique Inzunza, así como mandos de seguridad, policías y funcionarios estatales.

Según la investigación, la red de corrupción habría permitido al cártel operar con protección institucional, incluyendo filtración de operativos, encubrimiento de cargamentos y uso de fuerzas de seguridad para ejecutar acciones violentas. Incluso se señala que Rocha habría llegado al poder en 2021 con apoyo de “Los Chapitos”, quienes presuntamente intimidaron a opositores durante el proceso electoral.

La respuesta del gobierno mexicano fue inmediata. A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se confirmó que Washington solicitó la detención con fines de extradición de los acusados, pero se aseguró que no se han presentado pruebas suficientes que acrediten su responsabilidad. Por su parte, Rocha Moya rechazó las acusaciones y las calificó como un ataque sin fundamento y una violación a la soberanía nacional.

El caso se produce en un contexto ya tenso entre ambos países, marcado por disputas en materia de seguridad y la reciente polémica por la presencia de agentes extranjeros en territorio mexicano. Este nuevo episodio no solo pone bajo presión a las instituciones, sino que abre un frente crítico en la relación bilateral, con implicaciones políticas, judiciales y diplomáticas aún inciertas.