EU sanciona a “Mayito Flaco” y al exesposo de Marina del Pilar
El gobierno de Estados Unidos sancionó este martes a 21 personas y 25 empresas que, de acuerdo con el Departamento del Tesoro, están vinculadas con la estructura del Cártel de Sinaloa encabezada por Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”.
Entre los sancionados aparece Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) lo señala como un operador político relacionado con el grupo criminal y sostiene que utilizó su influencia para facilitar actividades del cártel y protegerlo de acciones de autoridades en Baja California.
El Tesoro también incluyó a Luis Alfonso Torres Torres, hermano de Carlos Alberto, a quien señala por presuntamente recibir y lavar recursos mediante empresas y campañas políticas. Ambos forman parte de una lista que incluye a integrantes de la estructura criminal, operadores financieros y funcionarios o exfuncionarios señalados por Washington.
Otro de los nombres mencionados es Pedro Ariel Mendivil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali. Según el gobierno estadounidense, Mendivil habría mantenido una alianza con Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, y recibido sobornos a cambio de permitir que una célula del Cártel de Sinaloa operara en la ciudad.
También fue señalado Rafael Buenrostro Martín, exfuncionario aduanal y exasesor legislativo de Baja California, a quien el Tesoro relaciona con operaciones de influencia política en favor de integrantes del grupo criminal.
En cuanto a “Mayito Flaco”, el Departamento del Tesoro lo identifica como líder de Los Mayos, una facción del Cártel de Sinaloa, y sostiene que mantiene el control de actividades como tráfico de drogas, extorsión, corrupción y secuestro. La dependencia indicó que la operación busca afectar tanto a la estructura criminal como a sus redes financieras y de facilitadores.
Las sanciones implican restricciones financieras bajo jurisdicción estadounidense y alcanzan a empresas que, según Washington, estarían relacionadas con el lavado o facilitación de recursos para la organización.
El Departamento del Tesoro señaló que la acción busca frenar las operaciones del Cártel de Sinaloa en la zona fronteriza. Los señalamientos contra las personas incluidas en la lista corresponden a las autoridades estadounidenses y la designación financiera no equivale por sí misma a una sentencia penal.
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