Exempleada bancaria recibe sentencia de siete años por desfalco a clientes en Monterrey

La Fiscalía General de la República (FGR), por conducto de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Nuevo León, logró una sentencia condenatoria de siete años de prisión contra una ex trabajadora de una institución bancaria por el delito de disposición indebida de recursos pertenecientes a clientes. El fallo fue emitido tras un juicio oral, dentro del sistema penal acusatorio, en el que se acreditó la responsabilidad penal de la imputada.

La sentenciada, identificada como Miriam "T", fue declarada culpable por un juez de distrito especializado, luego de que el Ministerio Público Federal presentara las pruebas necesarias para demostrar que, durante el tiempo que se desempeñó como cajera en una sucursal de BBVA ubicada en el municipio de Monterrey, realizó operaciones irregulares que afectaron directamente a cuentahabientes de la institución.

Además de la pena de prisión, la resolución judicial estableció el pago de mil días multa, equivalentes a $89,620 pesos, así como una indemnización por $250,000 pesos a favor del banco afectado. Estas sanciones buscan resarcir el daño económico causado y reforzar la responsabilidad penal derivada de los hechos acreditados durante el proceso.

De acuerdo con la carpeta de investigación, la ex empleada efectuó diversas disposiciones de dinero de las cuentas de dos clientes, quienes detectaron las irregularidades y presentaron las reclamaciones correspondientes ante la institución financiera. A partir de estas denuncias, el banco realizó auditorías internas que permitieron confirmar fechas, montos y movimientos indebidos, señalando directamente a la entonces trabajadora como responsable de la sustracción de los recursos.

Una vez reunidos los elementos de prueba, la autoridad judicial vinculó a proceso a Miriam "T", dando paso al juicio oral que finalmente concluyó con la sentencia condenatoria. Con este resultado, la FGR reiteró su compromiso de investigar y perseguir los delitos de competencia federal, así como de proteger los intereses de las instituciones y de los ciudadanos afectados por conductas ilícitas.