Fiscalía de NL propone mesas de trabajo tras denuncias de cobros irregulares de Tránsito

Ante los señalamientos por presuntos cobros ilegales cometidos por elementos de Tránsito y Movilidad en municipios como San Pedro Garza García y Santa Catarina, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León planteó la creación de mesas de trabajo con las autoridades locales para atender y revisar las quejas presentadas por ciudadanos. La intención es analizar los señalamientos, generar mecanismos de prevención y evitar posibles irregularidades en operativos viales.

Las denuncias cobraron relevancia luego de que ABC Noticias publicara que una presunta red de extorsión atribuida a agentes de Tránsito y Movilidad en distintos municipios del área metropolitana de Monterrey estaría operando de manera sistemática. Automovilistas, transportistas de carga y operadores de grúas han denunciado la existencia de prácticas recurrentes de cobro ilegal en puntos estratégicos, como retenes y accesos de entrada y salida de los municipios señalados.

De acuerdo con los testimonios recabados, los agentes presuntamente exigen pagos en efectivo o incluso transferencias bancarias a cambio de evitar multas, sanciones administrativas o el traslado de los vehículos al corralón. Este patrón ha generado preocupación entre los afectados, quienes señalan que estas prácticas se repiten de manera constante durante distintos operativos viales.

Al respecto, el fiscal general del estado, Javier Flores, informó que la Fiscalía se mantiene abierta a recibir las denuncias correspondientes y ha propuesto establecer un diálogo directo con los municipios involucrados, así como con las empresas de arrastre, con el fin de revisar la situación. “Estamos a disposición de recibir las denuncias que correspondan e, inclusive, estamos proponiendo que se instale una mesa de trabajo con esos municipios y, creo, con la empresa de arrastre”, dijo Flores.

La Fiscalía busca que estos encuentros permitan esclarecer los señalamientos, fortalecer la coordinación institucional y prevenir que se repitan conductas que puedan afectar a la ciudadanía y a los sectores productivos que transitan diariamente por la zona metropolitana.