Huelga en España deja 52 detenidos y paraliza vuelos, trenes y puertos

Una jornada de protestas laborales sacudió a España este miércoles, con bloqueos en carreteras, afectaciones al transporte y 52 personas detenidas durante distintos incidentes con las fuerzas de seguridad. La huelga general de 24 horas fue convocada para exigir soluciones a la crisis de vivienda y mejores salarios frente al aumento del costo de vida.
Madrid y Barcelona concentraron algunas de las movilizaciones más numerosas. En la capital española, alrededor de 120 mil personas salieron a las calles, según cifras de la Delegación del Gobierno, mientras que los organizadores calcularon una asistencia de hasta 400 mil. En Barcelona, la Guardia Urbana reportó cerca de 50 mil manifestantes.
Los sindicatos CCOO y UGT calificaron la movilización como un éxito y aseguraron que tuvo mayor impacto en sectores como la industria, la logística y el transporte. Sin embargo, la patronal CEOE presentó una versión distinta y sostuvo que la participación fue inferior al 5 por ciento, por lo que consideró que el paro tuvo un alcance mínimo.
Las consecuencias también se reflejaron en la movilidad. Las aerolíneas cancelaron 332 vuelos, mientras que los servicios ferroviarios registraron suspensiones tanto en rutas de alta velocidad como en trenes de cercanías y media distancia. Además, trabajadores bloquearon terminales portuarias de Barcelona y Tarragona, y se reportaron interrupciones en el puerto de Valencia.
En Madrid, el tránsito vehicular disminuyó 13 por ciento y el uso de autobuses urbanos cayó 63 por ciento durante las horas de mayor desplazamiento laboral, de acuerdo con datos municipales.
En materia de seguridad, la Policía Nacional y la Guardia Civil detuvieron a 52 personas, principalmente en el País Vasco y Madrid. Las intervenciones policiales provocaron críticas de organizaciones sindicales y partidos de izquierda, que denunciaron presuntos actos de represión contra los trabajadores.
La protesta, impulsada por el Sindicato de Inquilinas, también generó controversia por su cercanía con las elecciones generales previstas para el próximo 29 de noviembre. Mientras sectores empresariales y partidos de oposición cuestionaron su carácter político y legalidad, integrantes del Gobierno respaldaron el derecho de los trabajadores a manifestarse.
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