Iberdrola dice ‘adiós’ a México: Cox compra infraestructura por 4,200 millones de dólares

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1 de agosto de 2025

Nacional

Reporte México

Iberdrola dice ‘adiós’ a México: Cox compra infraestructura por 4,200 millones de dólares

La firma española Cox asume operaciones de Iberdrola México y proyecta inversiones por más de 10 mil millones de dólares hacia 2030.

La compañía española Cox, especializada en agua y energía, anunció oficialmente la compra de la infraestructura de Iberdrola México por 4,200 millones de dólares, marcando un hito en el panorama energético del país.

La adquisición contempla una capacidad instalada operativa de 2,600 megawatts (MW), que incluye plantas de ciclo combinado, cogeneración y activos renovables. Además, Cox asume el control de la principal empresa suministradora de energía eléctrica privada en México, con el 25% del mercado nacional y más de 500 grandes clientes.

Según el comunicado de la compañía, esta operación forma parte de una visión estratégica de largo plazo. Destacaron que México representa un mercado con "seguridad jurídica, sólidos fundamentos macroeconómicos y alta demanda energética", lo que lo convierte en su segundo mercado más importante en América Latina.

En total, Cox planea invertir 10,700 millones de dólares en México entre 2025 y 2030. Esto incluye la compra de Iberdrola México, el desarrollo de nuevos activos energéticos, infraestructura hidráulica concesionada y alianzas con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para nuevos proyectos de generación eléctrica.

La operación también implica la incorporación de más de 800 empleados de Iberdrola, aunque está sujeta a aprobaciones regulatorias.

Aunque Cox insiste en que la compra obedece a razones estratégicas, la salida de Iberdrola ocurre en un contexto de incertidumbre jurídica que ha afectado al sector energético en los últimos años. Fuentes cercanas a la empresa señalan que Iberdrola decidió abandonar el país ante la falta de un entorno confiable para seguir operando, especialmente en el rubro de transmisión de energía.

El retiro de Iberdrola y la entrada de Cox podrían redefinir el futuro del sector energético mexicano, marcando una nueva etapa con inversiones millonarias, alianzas estratégicas y un panorama en transformación.

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Mendieta señaló que existen violaciones de fondo en la resolución emitida por la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega, por lo que la defensa buscará combatir tanto la vinculación como la medida cautelar impuesta a su cliente. Para presentar el recurso cuentan con un plazo de 15 días hábiles, mientras que el abogado también cuestionó la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, al considerarla inconvencional y señalar que ha sido objeto de cuestionamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La jueza vinculó a Farías Laguna por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos, en la modalidad de ocultamiento. Durante la audiencia, explicó la existencia de un entramado relacionado con el contrabando de combustible en el que presuntamente participarían distintas áreas y actores, entre ellos secretarías de Estado, Pemex, empresarios, agentes aduanales, permisionarios de muelles y civiles.

Sin embargo, la defensa rechaza que la dirección de esa estructura pueda ser atribuida a Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna, ambos integrantes de la Marina. Mendieta cuestionó que, de acuerdo con el planteamiento de la Fiscalía General de la República, dos marinos de mando medio pudieran tener capacidad para decidir sobre operaciones que involucran a distintas secretarías y dependencias. El abogado sostuvo que sus clientes no tenían posibilidad de controlar actividades relacionadas con aduanas, Marina, Defensa, Guardia Nacional, Energía y otras instituciones responsables de supervisar y autorizar la importación de productos.

La causa penal 325/2025 inició con la audiencia inicial el viernes 21 de agosto y concluyó el jueves 27, luego de que la defensa solicitara la duplicidad del plazo constitucional. La diligencia del miércoles se extendió durante aproximadamente nueve horas antes de entrar en receso y se reanudó el jueves para conocer la resolución sobre la situación jurídica de Farías Laguna, quien también intervino durante la sesión. La audiencia se realizó a puerta cerrada y por videoconferencia, sin acceso para público ni medios de comunicación, debido a que la FGR argumentó razones relacionadas con la seguridad nacional. Previamente, el 22 de agosto, un juez había calificado como legal su detención y le había impuesto prisión preventiva provisional.

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Del total de cuentas inmovilizadas, 7 mil 861 están relacionadas con integrantes de organizaciones criminales con mayor presencia e incidencia en el país, lo que representa el 31.9 por ciento del total. El titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, explicó que la dependencia analiza operaciones financieras, identifica personas y estructuras consideradas de riesgo y, cuando existen elementos suficientes, procede con su incorporación a la lista para impedir que puedan mover los recursos.

Los bloqueos se han realizado en distintas entidades, aunque algunas concentran una mayor cantidad de cuentas inmovilizadas. Ciudad de México encabeza la lista con 2 mil 300 cuentas, seguida de Jalisco con mil 185, Nuevo León con 955, Sinaloa con 723 y Baja California con 356. De acuerdo con el funcionario, la estrategia busca que el combate al crimen organizado no se limite a los operativos policiales, sino que también afecte su capacidad económica mediante el seguimiento de los recursos dentro del sistema financiero.

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La recuperación, sin embargo, representa solamente una parte de los recursos que México reclama mediante un litigio civil en Florida. La UIF mantiene el proceso para recuperar otros activos pendientes de liquidación, luego de presentar una demanda relacionada con una estructura empresarial vinculada con integrantes de la familia Weinberg, entre ellos Jonathan Alexis Weinberg Pinto y Mauricio Samuel Weinberg López.

De acuerdo con la información presentada por la UIF, empresas relacionadas con dicha estructura habrían participado entre 2008 y 2018 en contratos con instituciones de seguridad. El análisis financiero identificó operaciones por más de 403 millones de dólares entre empresas vinculadas con la estructura investigada y el entonces Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social. En mayo de 2026, un tribunal de Florida emitió una sentencia favorable al Estado mexicano contra integrantes de la familia Weinberg por aproximadamente 578.5 millones de dólares, aunque esa cantidad corresponde al monto contemplado en la resolución y no a recursos que México haya recuperado hasta ahora.

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