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Inicia juicio por asesinato de tres surfistas extranjeros en BC

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Inicia juicio por asesinato de tres surfistas extranjeros en BC

A más de dos años del asesinato de tres jóvenes extranjeros que viajaron a Baja California para practicar surf, comenzó este lunes el juicio oral contra tres de los presuntos implicados en el crimen que conmocionó a México y generó preocupación entre visitantes extranjeros.


Jesús Gerardo García, alias “El Kekas”, así como Irineo Francisco “N” y Ángel Jesús “N”, fueron presentados ante un tribunal de Ensenada para responder por su presunta participación en la muerte de los hermanos australianos Callum Ryan Robinson y Jake Martin Robinson, y del estadounidense Jack Carter Rhoad.


Los tres jóvenes habían llegado a Baja California para surfear y fueron reportados como desaparecidos poco después de arribar a la entidad. Sus cuerpos fueron localizados el 3 de mayo de 2024 dentro de un pozo en Punta San José, aproximadamente 80 kilómetros al sur de Ensenada.


De acuerdo con la Fiscalía estatal, el móvil habría sido el robo de la camioneta en la que viajaban las víctimas. La autoridad sostiene que los jóvenes se resistieron al asalto y posteriormente fueron asesinados y sus cuerpos ocultados.


“El Kekas” fue detenido en 2024 junto con otros dos hombres y Ary Gisell Silva Raya. Esta última, quien fue pareja de García, se declaró culpable de robo calificado con violencia y robo de vehículo con violencia, por lo que recibió una sentencia de 20 años de prisión en noviembre pasado.


García, quien enfrenta un proceso por desaparición forzada, rechazó un procedimiento abreviado y decidió llevar su caso a juicio.

Durante la primera jornada, Martin Robinson, padre de los hermanos australianos, acudió al tribunal junto con su esposa para representar a sus hijos y seguir de cerca el proceso.


La audiencia concluyó la tarde del lunes y está previsto que continúe este martes.



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El operativo se realizó en un inmueble del ejido Las Puentes, en Montemorelos, donde también localizaron tanques, maquinaria, equipos de bombeo y productos químicos.


Más de 300 mil litros de combustible fueron asegurados por autoridades federales durante un cateo en un inmueble del municipio de Montemorelos, Nuevo León, como parte de las investigaciones relacionadas con el almacenamiento ilegal de hidrocarburos.


La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el operativo se llevó a cabo en una propiedad ubicada en el ejido Las Puentes, donde elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) ejecutaron una orden de cateo y localizaron una importante infraestructura para el almacenamiento y manejo de combustible.


Además del hidrocarburo, las autoridades decomisaron seis tanques de almacenamiento, dos contenedores tipo frac tank, 229 cubitanques, un semirremolque tipo tanque, un remolque tipo cama y un montacargas.


En el lugar también fueron asegurados cuatro equipos de bombeo, una planta generadora de electricidad, una revolvedora de concreto y diversos productos químicos.


Entre los objetos localizados destacó una tarima con 50 costales que contenían polvo blanco, cuya composición todavía no había sido determinada, así como documentación que será analizada como parte de las investigaciones.


En las diligencias participaron peritos de la FGR y personal especializado de Petróleos Mexicanos (Pemex), además de elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Municipal de Montemorelos, quienes resguardaron el perímetro.


La Fiscalía señaló que continuará con las indagatorias para establecer la procedencia del combustible, determinar las posibles responsabilidades y definir la situación jurídica correspondiente.


Este aseguramiento ocurre semanas después de que fuerzas de seguridad localizaran un túnel presuntamente utilizado para el robo de hidrocarburos en el municipio de Apodaca, también en Nuevo León.


De acuerdo con la FGR, dicha excavación se encontraba a aproximadamente 20 metros de un paso de ductos de Pemex, lo que evidenció otro posible mecanismo utilizado para sustraer combustible de manera ilegal en la entidad.



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Dos hombres fueron detenidos sobre la carretera México 15; transportaban 89 paquetes con la droga escondidos en el semirremolque.


Un doble fondo en el piso de un tractocamión permitió descubrir un cargamento de 133 kilogramos de metanfetamina en Mazatlán, Sinaloa, donde autoridades federales detuvieron a dos hombres que transportaban la droga sobre la carretera federal México 15.


De acuerdo con un comunicado conjunto de las autoridades, la intervención ocurrió en el tramo Mazatlán-Culiacán, a la altura del kilómetro 033+450, cuando los ocupantes del vehículo realizaron maniobras evasivas al percatarse de la presencia de los elementos de seguridad.


Ante esta situación, los agentes les marcaron el alto y realizaron una inspección del semirremolque. Durante la revisión localizaron un compartimento oculto en el piso, donde estaban distribuidos 89 paquetes que contenían un total de 133 kilogramos de metanfetamina.


Los detenidos son dos hombres de 36 y 38 años, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, instancia que continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica.


En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional.


Las autoridades no dieron a conocer la identidad de los detenidos ni el destino que tendría el cargamento asegurado.



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Con 72 votos a favor y 37 en contra, el Senado de la República aprobó modificaciones a la Ley Federal del Derecho de Autor que establecen nuevas responsabilidades para los proveedores de servicios de internet por la difusión de contenido protegido sin autorización. La reforma, conocida como “ley antimemes”, contempla sanciones económicas de hasta 4.6 millones de pesos.


La iniciativa fue respaldada por legisladores de Morena, PT y PVEM, mientras que senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra.


Entre sus disposiciones, la reforma establece que los proveedores de internet deberán contar con mecanismos para retirar contenidos que utilicen, sin autorización, voces, imágenes, música, obras literarias o artísticas, películas y materiales audiovisuales. La medida también alcanza contenidos generados o modificados mediante inteligencia artificial, incluidos memes y parodias.


El incumplimiento de estas obligaciones puede derivar en multas de hasta 4.6 millones de pesos. Sin embargo, durante la discusión surgieron cuestionamientos sobre cómo se aplicará el retiro de publicaciones, particularmente porque la responsabilidad recaería en los proveedores de internet y no directamente en las plataformas digitales.


El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, fue cuestionado sobre cómo podrían actuar los proveedores frente a contenidos a los que, en determinados casos, solo tienen acceso el usuario que los publicó y la plataforma donde se encuentran.


La modificación al artículo 114 Nonies establece que un proveedor podrá ser considerado responsable por infracciones cometidas por usuarios cuando incumpla las obligaciones previstas en el artículo 114 Octies y, además, contribuya, induzca o provoque la conducta infractora, tenga conocimiento de ella o cuente con capacidad para controlar al usuario y obtenga un beneficio económico directamente relacionado con esa actividad.


Durante el debate, la senadora priista Carolina Viggiano defendió el uso del humor y las expresiones satíricas, al señalar que los mexicanos tienen la costumbre de reírse incluso de sus propias desgracias y que eso no debería prohibirse.


Por su parte, el senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, cuestionó que la reforma se justifique con la actualización del T-MEC y la protección de los derechos de autor, al advertir que los mecanismos para retirar publicaciones podrían utilizarse de manera abusiva, afectar la competencia o limitar la libertad de expresión.


Otro de los cambios, incorporado en la fracción I del artículo 114 Octies, obliga a los proveedores a establecer políticas para suspender o cancelar las cuentas de usuarios reincidentes en infracciones a los derechos de autor.


Esta disposición también generó preocupación entre legisladores de oposición, quienes advirtieron que la suspensión del servicio podría afectar a personas que no participaron en la infracción, pero que comparten una misma conexión de internet.


El priista Gabriel Elizondo señaló que una medida de este tipo podría dejar sin conexión a familias cuyos integrantes utilizan el servicio para estudiar, trabajar o mantener sus negocios, aun cuando la presunta infracción haya sido cometida por una sola persona.

Tras su aprobación, la reforma fue turnada al Ejecutivo federal para su promulgación en el Diario Oficial de la Federación.


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