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México exige a EE.UU. explicaciones por instalación de base militar en la frontera

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México exige a EE.UU. explicaciones por instalación de base militar en la frontera

El gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, envió una nota diplomática a Estados Unidos para solicitar aclaraciones sobre la reciente decisión del presidente Donald Trump de autorizar la instalación de una base militar en la frontera sur estadounidense, en terrenos federales adyacentes al territorio mexicano.

La medida fue anunciada tras una orden presidencial firmada por Trump el pasado viernes, mediante la cual instruyó a los secretarios de Defensa, Seguridad Nacional, Interior y Agricultura a facilitar el traspaso de tierras públicas al control del Pentágono. Estas áreas serán utilizadas, según la orden, para llevar a cabo “actividades militares” en instalaciones ubicadas en la franja limítrofe con México.

“Sí hay diálogo y también enviamos una nota diplomática, en el sentido de que es una decisión de ellos, autónoma, en su propio territorio, pero que esperamos que no traspasara la frontera y que esperamos que siga habiendo la misma colaboración que ha habido hasta ahora en materia de seguridad”, declaró Sheinbaum este miércoles.

La mandataria señaló que el gobierno mexicano aún desconoce el propósito específico de la base militar, y subrayó la importancia del respeto mutuo y la coordinación en materia de seguridad bilateral.

“Ha pasado en otras ocasiones, pero la última orden que se planteó es que el Ejército pudiera ocupar ciertos territorios federales, no sabemos si es para seguir construyendo el muro, cuál sería el objetivo, pero de todas maneras nosotros lo que pedimos siempre es respeto y coordinación”, expresó.

La instalación de la base ocurre en medio de un contexto de endurecimiento de la política migratoria de Trump, quien ha insistido en la necesidad de reforzar la seguridad fronteriza y ha presionado reiteradamente a México para frenar los flujos migratorios hacia el norte.

En respuesta, el gobierno mexicano puso en marcha desde el 5 de febrero la llamada ‘Operación Frontera Norte’, mediante la cual se desplegaron 10 mil elementos de la Guardia Nacional en distintos puntos de la frontera con Estados Unidos. De acuerdo con datos oficiales, esta operación ha derivado en la detención de 2 mil 481 personas migrantes y el decomiso de más de 26.7 toneladas de droga, incluidos 163.3 kilogramos de fentanilo.

Sheinbaum reiteró el compromiso de su administración con la cooperación en seguridad, pero advirtió que cualquier acción unilateral que ponga en riesgo la soberanía nacional o el entendimiento bilateral será observada con cautela. La cancillería mexicana continúa en contacto con autoridades estadounidenses para obtener más detalles sobre la naturaleza y alcance de la presencia militar anunciada.



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Mendieta señaló que existen violaciones de fondo en la resolución emitida por la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega, por lo que la defensa buscará combatir tanto la vinculación como la medida cautelar impuesta a su cliente. Para presentar el recurso cuentan con un plazo de 15 días hábiles, mientras que el abogado también cuestionó la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, al considerarla inconvencional y señalar que ha sido objeto de cuestionamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.


La jueza vinculó a Farías Laguna por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos, en la modalidad de ocultamiento. Durante la audiencia, explicó la existencia de un entramado relacionado con el contrabando de combustible en el que presuntamente participarían distintas áreas y actores, entre ellos secretarías de Estado, Pemex, empresarios, agentes aduanales, permisionarios de muelles y civiles.


Sin embargo, la defensa rechaza que la dirección de esa estructura pueda ser atribuida a Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna, ambos integrantes de la Marina. Mendieta cuestionó que, de acuerdo con el planteamiento de la Fiscalía General de la República, dos marinos de mando medio pudieran tener capacidad para decidir sobre operaciones que involucran a distintas secretarías y dependencias. El abogado sostuvo que sus clientes no tenían posibilidad de controlar actividades relacionadas con aduanas, Marina, Defensa, Guardia Nacional, Energía y otras instituciones responsables de supervisar y autorizar la importación de productos.


La causa penal 325/2025 inició con la audiencia inicial el viernes 21 de agosto y concluyó el jueves 27, luego de que la defensa solicitara la duplicidad del plazo constitucional. La diligencia del miércoles se extendió durante aproximadamente nueve horas antes de entrar en receso y se reanudó el jueves para conocer la resolución sobre la situación jurídica de Farías Laguna, quien también intervino durante la sesión. La audiencia se realizó a puerta cerrada y por videoconferencia, sin acceso para público ni medios de comunicación, debido a que la FGR argumentó razones relacionadas con la seguridad nacional. Previamente, el 22 de agosto, un juez había calificado como legal su detención y le había impuesto prisión preventiva provisional.



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Del total de cuentas inmovilizadas, 7 mil 861 están relacionadas con integrantes de organizaciones criminales con mayor presencia e incidencia en el país, lo que representa el 31.9 por ciento del total. El titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, explicó que la dependencia analiza operaciones financieras, identifica personas y estructuras consideradas de riesgo y, cuando existen elementos suficientes, procede con su incorporación a la lista para impedir que puedan mover los recursos.


Los bloqueos se han realizado en distintas entidades, aunque algunas concentran una mayor cantidad de cuentas inmovilizadas. Ciudad de México encabeza la lista con 2 mil 300 cuentas, seguida de Jalisco con mil 185, Nuevo León con 955, Sinaloa con 723 y Baja California con 356. De acuerdo con el funcionario, la estrategia busca que el combate al crimen organizado no se limite a los operativos policiales, sino que también afecte su capacidad económica mediante el seguimiento de los recursos dentro del sistema financiero.


La UIF también ha incorporado a la extorsión dentro de las investigaciones relacionadas con el seguimiento de recursos. Desde el inicio de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el 6 de julio de 2025, la dependencia ha inmovilizado mil 443 cuentas vinculadas con investigaciones por este delito, cifra equivalente al 5.9 por ciento del total de cuentas bloqueadas. Reyes Colmenares señaló que estas acciones buscan afectar una actividad que impacta directamente el patrimonio de personas, familias y negocios.


Para fortalecer estas labores, la UIF mantiene coordinación con instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, Agencia de Investigación Criminal, Centro Nacional de Inteligencia y autoridades estatales. Además, la dependencia encabeza la mesa de prevención de lavado de dinero del gabinete de seguridad y mantiene intercambio de información financiera con organismos internacionales, así como con instituciones financieras y la Asociación de Bancos de México.



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