Nuevo León comienza 2026 sin Presupuesto avalado y opera con recursos del año previo

Por cuarto año consecutivo, Nuevo León inició un nuevo ejercicio fiscal sin un Presupuesto de Egresos aprobado, luego de que no se alcanzaran acuerdos entre el Poder Ejecutivo y el Congreso local para avalar el Paquete Económico correspondiente a 2026. Ante este escenario, el Gobierno del Estado arrancó operaciones desde el 1 de enero bajo el esquema de reconducción presupuestal, una figura legal que permite continuar con el gasto público utilizando el presupuesto del año anterior.

Bajo este mecanismo, el Ejecutivo estatal dispondrá de una bolsa de 156 mil 264 millones de pesos, monto idéntico al autorizado para el ejercicio fiscal 2025. Esta cifra contrasta con la propuesta original presentada por el gobernador Samuel García, quien buscaba ejercer un presupuesto de 179 mil 490 millones de pesos para el presente año, con el argumento de atender proyectos prioritarios y compromisos financieros del estado.

Cabe recordar que el pasado 17 de diciembre, el bloque conformado por PAN, PRI y PRD, junto con la diputada independiente Rocío Montalvo, aprobó un Paquete Fiscal sin deuda y sin incremento al Impuesto Sobre Nómina, con un Presupuesto de 160 mil 952 millones de pesos. Sin embargo, dicho paquete no pudo ser publicado en el Periódico Oficial del Estado al declararse día inhábil, lo que impidió su entrada en vigor.

Un día después, el mandatario estatal señaló que analizaría el paquete aprobado por el Congreso y que vetaría los apartados que, a su juicio, no benefician a la ciudadanía de Nuevo León. Finalmente, la madrugada del 1 de enero, el Gobierno estatal emitió un comunicado para confirmar que el Periódico Oficial publicó los decretos necesarios para replicar la distribución de recursos correspondiente a 2025.

“La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado da a conocer que están asegurados los recursos necesarios para la operación normal del Gobierno del Estado”, se informó en el comunicado oficial, con lo que la administración estatal aseguró la continuidad de los servicios y programas mientras persiste la falta de un presupuesto formalmente aprobado.