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Ordena Juez detener a Alejandro Irarragorri dueño del Santos

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Nacional
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Ordena Juez detener a Alejandro Irarragorri dueño del Santos

La justicia federal declaró como prófugo de la justicia a Alejandro Irarragorri Gutiérrez, dueño de Santos Laguna y Atlas, por una presunta defraudación fiscal de más de 17 millones de pesos. Ahora, la Fiscalía General de la República (FGR) busca detener al empresario.

Karla Cecilia Marín, asistente de Constancias y Registros del Centro de Justicia Penal Federal de Torreón, Coahuila, lo declaró prófugo de la justicia, debido a que el pasado 24 de marzo el empresario no se presentó a una audiencia. Enseguida, se giró la orden de captura.

El directivo santista originalmente compareció el 20 de marzo por videoconferencia, pero en esa audiencia el Juez de Control decidió que la diligencia se realizaría en forma presencial y citó al empresario para el día 24.

"Se hace constar que a la audiencia señalada para las 10:00 horas, no compareció el imputado... a pesar de que fue debidamente citado. Es importante señalar que el investigado presentó un escrito con el que pretendió justificar su inasistencia; sin embargo, los motivos expuestos no se consideraron razones válidas para desatender el mandato judicial de presentarse oportunamente a la audiencia inicial", dice el acuerdo suscrito por Marín.
"Por esa razón, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 141, párrafo cuarto, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se declaró al imputado sustraído a la acción de la justicia, al haber desatendido una citación judicial sin causa justificada".

Irarragorri es el primer directivo de un club de fútbol de Primera División en ser perseguido por la justicia, en más de una década.

La FGR abrió el caso penal contra el empresario, quien en octubre pasado ya cedió la presidencia del Club Santos a su hijo Alejandro Irarragorri Kalb, de sólo 24 años.

La acusación contra Irarragorri tiene su origen en un pago de 54.2 millones de pesos que el Club Santos hizo desde un fideicomiso a 26 jugadores e integrantes del cuerpo técnico por primas indemnizatorias de riesgo de trabajo.

Los pagos fueron a miembros del cuerpo técnico como José Manuel de la Torre y Benjamín Galindo, y a jugadores como Néstor Araujo, Djaniny Tavares, Jonathan Rodríguez, Osvaldo Martínez, Jonathan Orozco, Diego de Buen, Javier Abella y Julio César Furch, entre otros.

Debido a que este tipo de indemnizaciones están exentas de pago de impuestos, la PFF denunció que se trataba de una maquinación de los directivos para no retener el ISR de los depósitos.

Sostiene lo anterior porque la directiva del club usó un contrato colectivo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Hotelera para realizar los pagos.



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Mendieta señaló que existen violaciones de fondo en la resolución emitida por la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega, por lo que la defensa buscará combatir tanto la vinculación como la medida cautelar impuesta a su cliente. Para presentar el recurso cuentan con un plazo de 15 días hábiles, mientras que el abogado también cuestionó la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, al considerarla inconvencional y señalar que ha sido objeto de cuestionamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.


La jueza vinculó a Farías Laguna por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos, en la modalidad de ocultamiento. Durante la audiencia, explicó la existencia de un entramado relacionado con el contrabando de combustible en el que presuntamente participarían distintas áreas y actores, entre ellos secretarías de Estado, Pemex, empresarios, agentes aduanales, permisionarios de muelles y civiles.


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La causa penal 325/2025 inició con la audiencia inicial el viernes 21 de agosto y concluyó el jueves 27, luego de que la defensa solicitara la duplicidad del plazo constitucional. La diligencia del miércoles se extendió durante aproximadamente nueve horas antes de entrar en receso y se reanudó el jueves para conocer la resolución sobre la situación jurídica de Farías Laguna, quien también intervino durante la sesión. La audiencia se realizó a puerta cerrada y por videoconferencia, sin acceso para público ni medios de comunicación, debido a que la FGR argumentó razones relacionadas con la seguridad nacional. Previamente, el 22 de agosto, un juez había calificado como legal su detención y le había impuesto prisión preventiva provisional.



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Del total de cuentas inmovilizadas, 7 mil 861 están relacionadas con integrantes de organizaciones criminales con mayor presencia e incidencia en el país, lo que representa el 31.9 por ciento del total. El titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, explicó que la dependencia analiza operaciones financieras, identifica personas y estructuras consideradas de riesgo y, cuando existen elementos suficientes, procede con su incorporación a la lista para impedir que puedan mover los recursos.


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Para fortalecer estas labores, la UIF mantiene coordinación con instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, Agencia de Investigación Criminal, Centro Nacional de Inteligencia y autoridades estatales. Además, la dependencia encabeza la mesa de prevención de lavado de dinero del gabinete de seguridad y mantiene intercambio de información financiera con organismos internacionales, así como con instituciones financieras y la Asociación de Bancos de México.



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