PAN denuncia ante la FGR a Ricardo Mejía Berdeja por presuntos vínculos con el crimen organizado

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18 de julio de 2025

Nacional

Reporte México

PAN denuncia ante la FGR a Ricardo Mejía Berdeja por presuntos vínculos con el crimen organizado

El Partido Acción Nacional (PAN) presentó este jueves una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el diputado petista Ricardo Mejía Berdeja, a quien acusa de delitos electorales, corrupción y presuntos vínculos con el crimen organizado durante su paso como subsecretario de Seguridad en el gobierno federal.

La denuncia fue interpuesta por el vocero nacional del PAN, Jorge Triana; la presidenta del partido en Coahuila, Elisa Maldonado; y el coordinador de la bancada en el Congreso local, Gerardo Aguado, quienes aseguraron que Mejía incurrió en negligencia grave en temas de seguridad y mantuvo relación con personajes ligados al crimen organizado, como Salvador Lamas, presuntamente vinculado al CJNG, y Jesús “Tete” Galeana, líder criminal en Guerrero.

Los panistas también señalaron que el exfuncionario federal habría filtrado el padrón electoral en 2013 y sostienen que utilizó su cargo para operar políticamente a favor de Morena y sus aliados. El señalamiento incluye una solicitud de investigación ante la Secretaría de la Función Pública, el INE, la FISEL y la Auditoría Superior de la Federación.

Además, anunciaron que harán llegar la información a la Embajada de Estados Unidos, el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional como parte de lo que denominaron una “cruzada contra el narcopoder”, en un contexto de creciente presión internacional sobre México por su lucha contra el narcotráfico.

Ricardo Mejía Berdeja respondió a través de redes sociales, rechazando las acusaciones y señalando al gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, de estar detrás de la ofensiva política. Afirmó que se trata de una estrategia para frenar su papel como opositor rumbo a las elecciones de 2029.

Desde Morena, se ha calificado esta acción como “antipatriótica”, aunque tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como la dirigente del partido, Luisa María Alcalde, han reiterado que no habrá impunidad ante actos de corrupción o vínculos con el crimen.

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Mendieta señaló que existen violaciones de fondo en la resolución emitida por la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega, por lo que la defensa buscará combatir tanto la vinculación como la medida cautelar impuesta a su cliente. Para presentar el recurso cuentan con un plazo de 15 días hábiles, mientras que el abogado también cuestionó la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, al considerarla inconvencional y señalar que ha sido objeto de cuestionamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La jueza vinculó a Farías Laguna por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos, en la modalidad de ocultamiento. Durante la audiencia, explicó la existencia de un entramado relacionado con el contrabando de combustible en el que presuntamente participarían distintas áreas y actores, entre ellos secretarías de Estado, Pemex, empresarios, agentes aduanales, permisionarios de muelles y civiles.

Sin embargo, la defensa rechaza que la dirección de esa estructura pueda ser atribuida a Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna, ambos integrantes de la Marina. Mendieta cuestionó que, de acuerdo con el planteamiento de la Fiscalía General de la República, dos marinos de mando medio pudieran tener capacidad para decidir sobre operaciones que involucran a distintas secretarías y dependencias. El abogado sostuvo que sus clientes no tenían posibilidad de controlar actividades relacionadas con aduanas, Marina, Defensa, Guardia Nacional, Energía y otras instituciones responsables de supervisar y autorizar la importación de productos.

La causa penal 325/2025 inició con la audiencia inicial el viernes 21 de agosto y concluyó el jueves 27, luego de que la defensa solicitara la duplicidad del plazo constitucional. La diligencia del miércoles se extendió durante aproximadamente nueve horas antes de entrar en receso y se reanudó el jueves para conocer la resolución sobre la situación jurídica de Farías Laguna, quien también intervino durante la sesión. La audiencia se realizó a puerta cerrada y por videoconferencia, sin acceso para público ni medios de comunicación, debido a que la FGR argumentó razones relacionadas con la seguridad nacional. Previamente, el 22 de agosto, un juez había calificado como legal su detención y le había impuesto prisión preventiva provisional.

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Desde octubre de 2024, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha inmovilizado 24 mil 622 cuentas bancarias en México, por un monto global de 8 mil 670 millones 814 mil 057 pesos, como parte de las acciones para identificar y frenar el movimiento de recursos relacionados con actividades ilícitas. Durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la dependencia también ha incorporado a 2 mil 395 personas a la Lista de Personas Bloqueadas.

Del total de cuentas inmovilizadas, 7 mil 861 están relacionadas con integrantes de organizaciones criminales con mayor presencia e incidencia en el país, lo que representa el 31.9 por ciento del total. El titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, explicó que la dependencia analiza operaciones financieras, identifica personas y estructuras consideradas de riesgo y, cuando existen elementos suficientes, procede con su incorporación a la lista para impedir que puedan mover los recursos.

Los bloqueos se han realizado en distintas entidades, aunque algunas concentran una mayor cantidad de cuentas inmovilizadas. Ciudad de México encabeza la lista con 2 mil 300 cuentas, seguida de Jalisco con mil 185, Nuevo León con 955, Sinaloa con 723 y Baja California con 356. De acuerdo con el funcionario, la estrategia busca que el combate al crimen organizado no se limite a los operativos policiales, sino que también afecte su capacidad económica mediante el seguimiento de los recursos dentro del sistema financiero.

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De acuerdo con la información presentada por la UIF, empresas relacionadas con dicha estructura habrían participado entre 2008 y 2018 en contratos con instituciones de seguridad. El análisis financiero identificó operaciones por más de 403 millones de dólares entre empresas vinculadas con la estructura investigada y el entonces Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social. En mayo de 2026, un tribunal de Florida emitió una sentencia favorable al Estado mexicano contra integrantes de la familia Weinberg por aproximadamente 578.5 millones de dólares, aunque esa cantidad corresponde al monto contemplado en la resolución y no a recursos que México haya recuperado hasta ahora.

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