Pensionados de Nuevo León alzan la voz tras presunto engaño en gestiones para aumentar pensiones del IMSS
Un grupo de más de veinte personas pensionadas se concentró este martes en la Macroplaza de Monterrey para denunciar públicamente un presunto fraude relacionado con trámites de incremento de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social. Los manifestantes señalaron que el despacho identificado como Justicia Segura les prometió mejorar el monto de sus pensiones a cambio de pagos que, en varios casos, superaron los 100 mil pesos, sin que hasta ahora hayan obtenido resultado alguno. La protesta buscó visibilizar el caso y exigir la intervención inmediata de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.
Los afectados apuntaron como responsable a Gustavo Bazán, quien fungía como encargado del despacho y que fue detenido el pasado viernes en el municipio de San Pedro Garza García. De acuerdo con los testimonios recabados durante la manifestación, los contratos ofrecían asesoría legal para lograr incrementos en las pensiones o resolver casos derivados de accidentes de trabajo e invalidez, bajo el argumento de que se trataba de procesos seguros y con altas probabilidades de éxito. Sin embargo, con el paso de los meses, los clientes comenzaron a notar que sus expedientes no registraban avances.
Angélica Nava, una de las denunciantes, explicó que en julio de 2023 firmó un contrato en el municipio de Apodaca para que el despacho llevara su caso relacionado con un accidente laboral y una pensión por invalidez. Tras cubrir pagos mensuales que sumaron 35 mil pesos, asegura que nunca hubo seguimiento real. “Él nunca se presentó, no hubo audiencias, no hubo nada. Mi caso se quedó truncado y ahora está detenido en un tribunal colegiado con un amparo, lo cual me perjudicó porque dicen que no presenté pruebas médicas ni peritajes, cuando yo sí tenía toda la documentación”, denunció.
Otros testimonios coinciden en el mismo patrón. Uno de los manifestantes relató que, luego de recibir una pensión superior a los 12 mil pesos, los presuntos responsables le solicitaron hasta el 30 por ciento del monto otorgado, equivalente a aproximadamente 39 mil pesos, cantidad que entregó y de la cual conserva recibos. Según los inconformes, todos los contratos comparten el mismo formato y las promesas de gestión legal nunca se materializaron, dejando a personas enfermas, con movilidad limitada y en situación vulnerable sin el respaldo esperado.
Los pensionados afirmaron que ya existen denuncias formales interpuestas ante la autoridad estatal y exigieron que el caso no quede impune, que el señalado no sea liberado y que se garantice la devolución de los recursos entregados. Asimismo, pidieron que se investigue a otros presuntos colaboradores del despacho, entre ellos un abogado identificado como Roberto, con el objetivo de que se deslinden responsabilidades y se evite que más personas sean afectadas.
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