Reforma a preventas inmobiliarias divide opiniones por vacíos legales
En el Congreso de Nuevo León se alista una reforma al Código Civil para regular las preventas inmobiliarias, tras múltiples denuncias de fraudes que han afectado a cientos de familias. La propuesta plantea candados inéditos: exigir a los desarrolladores contar con todos los permisos municipales, registrar los proyectos ante Profeco y garantizar al menos el 75% del costo de la obra en un fideicomiso antes de iniciar con la comercialización. Con ello, se busca blindar al consumidor y evitar que los compradores inviertan en edificios que nunca se terminan.
No obstante, especialistas advierten que la reforma tiene claroscuros, pues incorpora en su redacción la figura de la “oferta de compra”, un instrumento legalmente débil que compromete al cliente a realizar pagos, pero no obliga al desarrollador a entregar el inmueble. “Para los efectos del presente capítulo, cualquier acuerdo de voluntades tendiente a la transmisión de la propiedad, cualquiera que sea su denominación, se entenderá como preventa”, señala el proyecto. Esta validación de las ofertas de compra genera incertidumbre, ya que oficializa una práctica que ha dejado a compradores en situación de indefensión.
La iniciativa, elaborada por el coordinador panista Carlos de la Fuente, sería la tercera que presenta en la materia y, de acuerdo con el legislador, es la versión “definitiva” al haber sido consensuada con cámaras empresariales y alcaldes metropolitanos. El documento establece además que los desarrolladores deberán constituir fianzas o garantías hipotecarias y, en caso de incumplimiento, devolver anticipos y enganches en un plazo máximo de 30 días. Aunque el proyecto se perfila como un avance en la protección al consumidor, los vacíos en torno a la oferta de compra mantienen el debate abierto sobre si realmente se pondrá un alto a los abusos inmobiliarios.
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