Trabajadores del IMSS intensifican protestas en Monterrey por falta de insumos y mejores condiciones laborales

Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) salió nuevamente a las calles de Monterrey para exigir mejores condiciones laborales, mayor abastecimiento de materiales médicos y un incremento salarial que responda a las necesidades de quienes trabajan en las unidades de atención. La movilización del domingo 11 de octubre representó el tercer día consecutivo de manifestaciones en distintos puntos de la ciudad.
Durante la protesta, más de 50 trabajadores bloquearon por aproximadamente dos horas las avenidas Pino Suárez y Cuauhtémoc, además de la calle Juan Ignacio Ramón, en el primer cuadro de Monterrey. La concentración se realizó a la altura de la Clínica 21 del IMSS, donde los participantes expresaron su inconformidad ante las carencias que, aseguran, enfrentan diariamente durante sus jornadas laborales.
Entre las principales demandas se encuentra el suministro de medicamentos y materiales indispensables para atender a los pacientes, así como la contratación de más personal y la reparación de equipos médicos. Los manifestantes también señalaron problemas relacionados con la falta de aire acondicionado y las condiciones de las instalaciones hospitalarias, situaciones que consideran necesario atender para mejorar el funcionamiento de los servicios de salud.
Otro de los puntos que generó inconformidad fue el aumento salarial del 2.9 por ciento, porcentaje que las trabajadoras calificaron como insuficiente frente al costo de los productos básicos. A estas exigencias se suma el rechazo al artículo 136 bis de los estatutos sindicales, disposición que las inconformes consideran una limitación para denunciar públicamente las deficiencias que detectan en sus centros de trabajo.
Las manifestantes advirtieron que continuarán con las protestas pacíficas mientras buscan una respuesta a sus peticiones. De acuerdo con lo informado, han reunido alrededor de mil firmas para respaldar sus demandas y pretenden frenar la aplicación de la disposición sindical, prevista para entrar en vigor el 16 de octubre, al considerar que podría derivar en sanciones para quienes expongan públicamente las problemáticas del instituto.
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