Unicef alerta que conflicto en Medio Oriente podría llevar a la pobreza a 23.4 millones de niños más

Unicef advirtió que el impacto económico derivado del conflicto en Medio Oriente podría provocar que hasta 23.4 millones de niños caigan en situación de pobreza antes de que concluya 2026, debido a la reducción de ingresos familiares, el aumento en el costo de vida y el deterioro de la actividad económica a nivel global.
El organismo presentó un informe elaborado con información de 167 países, en el que señala que el incremento en los precios de los alimentos y la energía amenaza con revertir los avances logrados durante los últimos años en la reducción de la pobreza infantil y profundizar las desigualdades.
El estudio evalúa la llamada pobreza monetaria, que considera a los menores que viven en hogares cuyos ingresos se encuentran por debajo de los umbrales internacionales de pobreza, los cuales varían de acuerdo con el nivel económico de cada país.
Unicef plantea dos posibles escenarios. En uno considerado adverso, alrededor de 18.3 millones de niños adicionales caerían en la pobreza durante este año. Sin embargo, si el conflicto se prolonga o se intensifica, la cifra podría aumentar hasta 23.4 millones.
La directora ejecutiva de Unicef, Catherine Russell, advirtió que los efectos de la crisis ya alcanzan a menores que viven fuera de Medio Oriente, ya que el incremento del costo de los alimentos y otros productos esenciales limita el acceso de muchas familias a necesidades básicas como la alimentación y la educación.
El informe también destaca que cerca del 80% del aumento previsto de la pobreza infantil se concentrará en Asia y África, regiones que ya enfrentan altos niveles de vulnerabilidad. Como ejemplo, menciona que en Somalia el precio del combustible se duplicó tras la escalada del conflicto, mientras que en Etiopía el costo del diésel aumentó 31%, encareciendo además las operaciones humanitarias.
Ante este panorama, Unicef llamó a gobiernos, organismos internacionales y países donantes a mantener el financiamiento destinado a servicios esenciales como salud, nutrición, educación y protección infantil para evitar que millones de menores enfrenten consecuencias de largo plazo.
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